Una línea une las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos de Menem y el nombramiento de Milani al frente del Ejército: el afán de los gobiernos constitucionales de turno de contar con el apoyo de las fuerzas armadas.

 

Con el Juicio a las Juntas, Alfonsín circunscribió las responsabilidades a cinco o seis militares; Menem los indultó, De la Rúa rechazó su extradición a Europa. Cristina se ilusionó con dar vuelta la hoja de los juicios –que abarcan a una parte minoritaria de los represores y dejan impunes a sus cómplices civiles– antes del final de su mandato. Ahora Macri quiere mandar a los genocidas a sus casas (El gobierno quiere mandar a los genocidas a sus casas).

 

Es un paso ineludible para restaurar la autoridad de las fuerzas armadas. Ante la crisis, las militares son el último recurso de la “democracia” frente a la "conmoción social".

 

El caso argentino es peculiar, porque el fracaso de la dictadura y el movimiento de derechos humanos local –que enlazó la lucha contra la impunidad de la dictadura con la lucha contra el “gatillo fácil”, las redes de trata y la criminalización de la protesta de las democracias – pesan sobre ella como una hipoteca. A Duhalde, la masacre de Avellaneda le costó el gobierno.

 

Las editoriales pro-amnistía de La Nación, el “exabrupto” de Lopérfido sobre los 30 mil desparecidos, las entrevistas del secretario de Derechos Humanos Avruj con los familiares de los milicos “víctimas del terrorismo”, los desfiles del Bicentenario, entre otros, conforman una política definida. En la lista habría que incluir, además, la invitación de “Piter” Robledo a los nazis del partido Bandera Vecinal –con arraigados vínculos en el aparato represivo- y otros simbolismos, como la reivindicación oficial del prólogo original que Ernesto Sábato escribió para el “Nunca Más”, fundacional de la “teoría de los dos demonios”. Hasta en la “Plaza de la Memoria”, en Tecnópolis, el gobierno borró toda referencia a la lucha de los organismos de derechos humanos y a la cifra de los 30 mil.

 

Patricia Bullrich, el ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto vienen manteniendo discretas reuniones en el marco de la “emergencia de seguridad” que declaró el gobierno a principio de año. Este giro está acompañado con anuncios y medidas concretas, como el “protocolo represivo” de Bullrich-Macri y el reforzamiento de las detenciones arbitrarias de la policía en la vía pública (ver La Nación, 23/7); la reanudación de los intercambios con el FBI y la DEA y la mayor penetración de Interpol en el control de las fronteras y puntos de acceso al país. Empalma con el regreso de “Jaime” Stiuso y la restauración de la “pista iraní” de Nisman, la CIA y el Mossad por el atentado a la Amia y “la preocupación oficial por posibles objetivos del terrorismo en el país” (Clarín, ídem), porque la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” es la vía predilecta de la militarización fronteras adentro y de la penetración de los servicios de inteligencia extranjeros.

 

Desde las gestiones K, tropas argentinas integran las misiones de la ONU en Haití y Sudán y prestan "apoyo logístico" en las fronteras (operativo "Escudo Norte"). En el mismo sentido deben apuntarse las leyes antiterroristas del kirchnerismo. Por otra parte, la incorporación de las fuerzas armadas a tareas de "seguridad interior" -en general, en nombre de la "lucha contra el narcotráfico"- figuró en las campañas electorales de Massa y Scioli-Berni.

 

El macrismo apura esta restauración reaccionaria para apuntalar sus planes de ajuste contra los trabajadores.