El Anses sigue cerrado para todos los trámites jubilatorios o de concesiones de otro tipo de beneficios para el común de los mortales, pero sus puertas se abrieron para que fuera autorizado el pago de las “pensiones vitalicias” -brutales jubilaciones de privilegio- del expresidente Mauricio Macri, a quien le otorgaron un haber de $750.000 mensuales, a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, que recibe $560.000 y al también exvice, Amado Boudou, que se hace acreedor a $420.000 mensuales. Todos ellos perciben este haber de por vida por el solo hecho de haber cumplido un período de cuatro años en las funciones y, como beneficio extra, están eximidos del pago de Impuesto a las Ganancias, que si abona una amplia gama de trabajadores de ingresos medios.

La concesión de estas suculentas pensiones se dan cuando, desde el gobierno nacional, se dispuso congelar la movilidad de las jubilaciones ordinarias de millones de beneficiarios que aportaron a las cajas durante 30 o 40 años de su vida laboral y que hoy cobran desde $17.000, por imperio de la “emergencia sanitaria que vive el país”, lo que supone una nueva pérdida frente a la inflación, en estos haberes que apenas llegan a cubrir la tercera parte del costo de la canasta de subsistencia.

Evidentemente, desde el Anses (el gobierno) han considerado que, en este punto, había que cerrar la “grieta” que, desde la oposición política y mediática, habían abierto al cuestionar el otorgamiento de la pensión a Boudou porque el exvicepresidente enfrenta una condena por desfalco al Estado. Es que los tres beneficiados, colocados en distintos lados de la “grieta”, pueden ser medidos por un raseto común ya que todos tienen por delante imputaciones judiciales para nada menores.

El Anses también les reconoció -claro está- el retroactivo correspondiente que, en el caso de Macri, alcanza a $6.000.000; en el de Michetti a 4.500.000 y, en el de Boudou, a poco más de $14.000.000. Los tres deberán esperar para recibir estos montos, aunque no deberán encarar eternos juicios de años como los jubilados sin privilegio, que deben litigar para que el Anses les reconozca sus derechos, sino que la postergación del pago de las retroactividades será solo hasta que “dure la emergencia pública en materia sanitaria”.

Es ilustrativa esta celeridad para asistir a “las necesidades” del personal político de la clase capitalista, para ver con claridad a quienes responde este gobierno que llegó para atender “primero a los que menos tienen”.

Estas jubilaciones, que reciben los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las altas jerarquías de la Iglesia, como los obispos y los arzobispos, tienen como única justificación el pago de un retiro con la mayor opulencia para quienes se encargan de sostener un sistema general de privilegios para toda la clase capitalista.

Tienen un carácter de privilegio, además, porque ellas no sufrieron ni sufren el congelamiento de ninguna movilidad  como los jubilados del régimen general.

Es que los haberes jubilatorios de estos privilegiados equivalen, en el caso de los expresidentes, al 100% del salario de un juez de la Corte y en el de los exvice, al 75% y su movilidad se rige por la de los salarios de esos magistrados. quienes se fijan ellos mismos los incrementos de los sueldos. En el 2019, los integrantes de la Corte se “concedieron” aumentos por un total del 69%, por encima de la inflación y casi el doble de la media que recibieron los trabajadores que revistan en blanco.

Hay que liquidar todos los regímenes de privilegio. Hay que reponer todos los derechos despojados a trabajadores y jubilados. Trabajadores y jubilados tienen por delante una pelea por la subsistencia, contra la miseria, por salarios mínimos que cubran el costo de la canasta familiar, y por jubilaciones mínimas que alcancen al 82% del sueldo en actividad.