La ola de denuncias cruzadas vinculadas con el “caso Skanska” se incrementa con el transcurrir de las horas. Los allanamientos a la sede del Poder Ejecutivo de la ciudad hicieron subir la temperatura. Telerman denunció una “apretada” al juez que lleva el expediente por parte del gobierno nacional. Macri “buscó ayer tomar distancia de la denuncia contra el gobierno porteño por el caso de las facturas truchas”; prefirió hablar de planes de gobierno para la tercera edad (Clarín, 12/5).

 

Los negocios de la familia

 

Seguramente Mauricio recordó que algunas empresas de la familia tienen también contratos con la Ciudad de Buenos Aires.

 

Claro, no son los tiempos de Manliba -un contrato de 50 millones de dólares, que Mauricio gestionó personalmente con el ex Concejo Deliberante. Pero negocios con el Estado no es lo que falta.

 

Intrón tiene el control de las multas fotográficas en el ámbito de la ciudad. Sideco controla estacionamientos y Pago Fácil (propiedad de Western Union y Sideco) tiene entre sus principales servicios un contrato para el cobro de los impuestos municipales.

 

Pero otra empresa que presta servicios a la Ciudad es Autopistas del Sol SA, también del grupo Macri (el grupo español Albertis participa de la sociedad). Es la concesionaria de la Ruta Panamericana y de la General Paz.

 

Autopistas del Sol fue una de las empresas ‘allanadas’ en la investigación que lleva adelante Javier López Biscayart. “Se sospecha que, ál igual que la multinacional sueca Skanska, usó facturas apócrifas para eludir el pago de impuestos. A nombre de Infiniti Group -una sociedad que ya fue definida como el eje de una asociación ilícita fiscal- fue secuestrado un grupo de comprobantes de pago que usó Autopistas del Sol” (Clarín, 27/4). En el allanamiento se secuestraron facturas por “115 mil pesos. Para López Biscayart, la hipótesis de mínima es que la empresa incurrió en una evasión tributaria simple.

 

El negocio bajo el menemismo

 

En la década menemista los reintegros a las exportaciones dieron jugosos beneficios a los que fraguaban ventas al exterior. Unas de las más sonadas fueron las exportaciones de oro fraguadas por Enrique Piana.

 

Pero no menos relevante fue el mecanismo para cobrar “reintegros" mediante exportaciones de autopiezas a Uruguay. Este mecanismo se conoció por una causa judicial que se inicia en la acusación de contrabando contra Ciadea (Renault Argentina) y Manuel Antelo.

 

El mecanismo era exportar autopartes a Uruguay sobre las que se recibían reintegros, pues supuestamente era una exportación “definitiva”. Pero en ese país se “armaban” autos con esas mismas autopartes y luego se ingresaban a Argentina con un arancel bajísimo del 2% (mucho menor al que corresponde a autos importados). En esta causa, que se tramitó inicialmente en Córdoba, Antelo señaló que Sevel hacía lo mismo.

 

El 24 de octubre de 2000, La Nación titulaba: “Francisco Macri, procesado por contrabando agravado. A los pocos meses, el mismo diario titula “Procesan a Mauricio Macri por contrabando”. “El presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue procesado por el juez en lo Penal Económico Carlos Liporace por contrabando, ál responsabilizarlo de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay” (La Nación, 23/2/01). La investigación (estableció) que en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que esta práctica se mantuvo hasta 1995”. (ídem)

 

Mauricio “participó” en forma directa en el saqueo del tesoro público. Sevel, mediante su vocero, el ex Carbap Jorge Aguado, vicepresidente y vocero de Socma en esos días, nunca negó las acusaciones (La Nación, 24/10/00).

 

El indulto

 

La causa judicial contra los Macri probó el contrabando y el robo de reintegros. Pero el mecanismo de indulto a los Macri ya estaba en marcha. Los investigadores de la DGI fueron dispersados y sancionados. Liporace (que renunció para evitar juicios por corrupción) se fue encargando de sepultar las pruebas que pulcramente los investigadores de la DGI y Aduanas habían logrado.

 

El gobierno nacional, a través del ministro de Economía, el ahora Cepal Luís Machinea, “abandonó la causa pese a ser querellante” y “desistió de su rol de parte acusadora en una causa que significó un presunto perjuicio económico para el.

 

Por su parte, los Macri entregaron Sevel a Peugeot, y parte del negocio fue lograr la absolución de las acusaciones. Por esos días el embajador de Francia visitó a De la Sota y a miembros de la Cámara de Casación Penal.

 

“Fuentes tribunalicias aseguraron que Machinea habría dado la instrucción de desistir de la querella luego de que directivos de la firma francesa Peugeot -que absorbió a Sevel-le hicieron notar que se verían perjudicados materialmente por un fallo desfavorable (…) Se entiende que la empresa que continúa a Sevel, de salir condenada, tendrá que pagar multas por cientos de millones de dólares”, indicaron las mismas fuentes” (Página/12, 17/11/00). 

 

Respecto de los reintegros a las exportaciones de las auto-partes enviadas a Uruguay “el organismo recaudador estimó que esa maniobra perjudicó al fisco en alrededor de 55 millones de dólares”.

 

“Los Macri (…) consiguieron su sobreseimiento en la Cámara de Casación Penal. El fiscal Ricardo Weschler recurrió en queja a la Corte (…) pero su pedido no fue tenido en cuenta: los supremos lo rechazaron sin dar los fundamentos del caso. Los diputados consideran 'grosera la conducta de la mayoría automática que consolidó la impunidad de Macri, quien debió ser juzgado por los hechos que se le atribuían’” (Página/12, 7/6/03).

 

La imagen de empresario exitoso que Mauricio “vende” con el Pro tiene la característica común a la burguesía: los negocios de mayor renta son los que se contratan con el Estado. Las enseñanzas de “papá” han calado hondo en Mauricio: De aprender a vivir de exacciones y de reintegros, Macri ahora se largó al asalto del Estado.