Por medio de un decreto, el gobierno nacional determinó que las indemnizaciones por antigüedad tributarán Ganancias si el salario bruto del trabajador supera 15 veces el salario mínimo, vital y móvil –hoy en $10.700–, lo que supone un sueldo de poco más de $160 mil.

La aplicación del gravamen se asienta en la reforma fiscal aprobada el año pasado con los votos de los diputados del oficialismo y de la mayoría de los bloques opositores (PJ y partidos provinciales) incluida una legisladora kirchnerista. Allí se sentó el criterio de que las indemnizaciones podían ser gravadas con el impuesto a las Ganancias que ahora, en la reglamentación, el gobierno comienza a aplicar a los sueldos más altos.

El argumento con el cual el gobierno quiere hacer pasar la nueva imposición sin que repercuta entre los trabajadores es que se trata de salarios altos, de ejecutivos o directivos y que no suponen cambio alguno para el común de los empleados.

Pero este paso incuba un peligro, ya que se instala el antecedente de que las indemnizaciones pueden ser gravadas, lo que supone un golpe al criterio de que el salario no es ganancia. Ahora, la determinación de cuál será el salario mínimo a partir del que se deba pagar el impuesto al momento de ser despedido, queda en manos exclusivas del Ejecutivo, que lo podrá modificar a la baja por medio de un simple decreto, sin pasar siquiera por el Congreso.

En el año 2015, la Corte Suprema, en el denominado fallo “Negri”, determinó expresamente que las indemnizaciones laborales no deben tributar ganancias. Si el salario no es ganancia menos lo es una indemnización que representa una suma de dinero que percibe un trabajador al ser despedido y con la cual debe subsistir hasta tanto encuentre una nuevo puesto de trabajo. Así, además de perder su trabajo, el asalariado debe tributar a favor del Estado por ser despedidos.

Teniendo aún en carpeta la reforma laboral antiobrera, esta resolución es un adelanto de lo que el gobierno, en conjunto con la oposición cómplice, intentará aprobar en el Congreso.

Una vez más se pone de manifiesto la orientación social del gobierno que pretende hacer pagar la crisis a los trabajadores. Para el macrismo, los impuestos que no pagan los capitalistas por sus negociados con la bicicleta financiera, los debe soportar la clase obrera.

Rechazamos este decreto. El salario ni las indemnizaciones son ganancias y exigimos su inmediata derogación.