El gobierno de Macri acaba de presentar su plan para la recolección de la basura en la Ciudad. La licitación permitirá que cinco concesionarios privados se lleven 300 millones de dólares por año. El pliego parece redactado por el grupo Roggio, que controla al concesionario Cliba y gerencia al principal relleno sanitario del Ceamse. Los contratistas serán recompensados por tonelada de basura recogida.

Para engordar la factura del Estado, el pliego no prevé ninguna medida para la separación de los residuos reciclables. Además de beneficiar a los concesionarios que levanten la basura, ello también redituará a los administradores del Ceamse, que cobran en proporción a los residuos enterrados. Para financiar este envenenamiento del suelo bonaerense, Macri y Scioli acaban de firmar un acuerdo que “reforzará” presupuestariamente al Ceamse.

Los cartoneros

Aunque el gobierno proclama “la inclusión de los cartoneros”, está preparando la expulsión de la mayoría de ellos.

El pliego macrista no contempla forma alguna de reciclado de residuos. Pero el gobierno PRO anunció un plan de “formalización” del trabajo cartonero, en base al pago de “aportes, obras sociales y “un premio de 200 pesos a los que dejen limpias sus zonas” (La Nación, 24/9). El gobierno le ha prometido un acuerdo a algunas cooperativas de cartoneros, para entregarles la basura de algunos “grandes generadores” (supermercados y otros). Si la información fuese cierta, se estaría organizando una red de trabajo precario para el reciclado de una parte de la basura.

Con el ahorro que implica la recolección cartonera (por el no enterramiento de residuos), más el valor de los plásticos, cartones y vidrios reutilizados por la gran industria, los recicladores informales podrían recibir un ingreso superior a los 2.000 pesos. En el plan de Macri, los harían trabajar por 200 pesos “más los aportes”.

De todos modos, la “inclusión” anunciada es harto dudosa. El plan macrista sólo incluiría a una minoría de los cartoneros. Para el resto, ¿regirán los “métodos” que Macri aplicó a los de Belgrano? La nueva licitación califica a los residuos “propiedad del gobierno, cualquiera sea su procedencia”. Asimismo, alerta contra los “actos de vandalismo”, llamando así a las “acciones de vaciamiento realizadas por terceros”, es decir por cartoneros. La “inclusión” de una minoría de cartoneros será la coartada para reprimir cualquier tipo de colecta callejera por parte del resto.

Mientras tanto, Macri y Scioli continuarán practicando el mayor de los vandalismos, que consiste en enterrar cinco mil toneladas diarias de residuos en Gonzalez Catán y Bancalari.

El gobierno dice que se empeñará en suprimir el “trabajo infantil” del cartoneo. Pero no presentó ningún plan para asegurar un puesto de trabajo y un salario para los recicladores adultos.

La licitación de la basura encubre, por lo tanto, un verdadero código penal contra los cartoneros, los únicos recuperadores de residuos reciclables que existen hasta hoy. El orden represivo de Macri no acabará con la colecta cartonera. Pero la persecución facilitará la extorsión de las mafias de acopiadores de materiales y de la policía sobre los cartoneros. Los centros ilegales de acopio -y la gran industria que se provee de ellos- obtienen márgenes extraordinarios a costa del trabajo de miles de recicladores informales.

En una audiencia pública realizada en la Legislatura, el macrismo demostró haber aprendido la peor artimaña de sus adversarios “progresistas”: la cooptación de organizaciones sociales. Algunas cooperativas de cartoneros apoyaron el planteo de PRO, aún cuando la “formalización” prometida, además de miserable, no pasa de ser una promesa.

En la audiencia, el Partido Obrero señaló que la crisis de la basura sólo se puede afrontar golpeando al gran capital que ha lucrado con el trabajo precario, con el acopio ilegal y con los contratos multimillonarios con el Estado. Ello exige la instalación de plantas de reciclado en la ciudad y en todos los municipios, acompañados de las áreas verdes respectivas. Para ello, es necesaria una intervención pública sobre el suelo y contra la “patria inmobiliaria”.

A la tarea de colecta y separación, podrían integrarse miles de los actuales cartoneros con salario de convenio. La financiación de este sistema debe provenir de un impuesto extraordinario a los monopolios productores de celulosa y cartón, vidrio, metales y materiales plásticos, quienes son, a su vez, los grandes beneficiarios de los materiales que luego se reciclan. Como en Belgrano, llamamos a impulsar la unidad de las asambleas y organizaciones populares con los recicladores, para enfrentar el pliego expulsivo de Macri y su “patria contratista”.