Sin una nueva ley de medios y telefonía a la vista -unos de los paquetes legislativos que quizás destape “gradualmente” después de las elecciones-, el gobierno de Macri sigue interviniendo en el mercado para profundizar su concentración y extranjerización. Así lo revela la compra de Telefé por parte de Viacom o la mayor fusión del mercado local, entre Telecom y Cablevisión, que se concretaría en enero del próximo año.

 

De cara no sólo a las elecciones por venir sino al redoble ofensivo post octubre, el gobierno viene consolidando una cadena nacional privada que reproduce con pasmosa unanimidad sus políticas clave, sus perspectivas y sus lenguajes a través de una pléyade de periodistas que abandonaron sus pasados reclamos republicanistas para colocarse en la defensa de las posiciones más reaccionarias y antiobreras.

 

En ese cuadro, debe leerse el despido de Roberto Navarro, el más enfático de los relatores kirchneristas, como resultado del primer desenlace de una embestida contra los grupos creados y financiados sobre la base de la evasión fiscal y los abundantes subsidios de parte del gobierno CFK. Tras el derrumbe de las empresas de Szpolski y Garfunkel (que dejaron en la calle a todos sus trabajadores o en condiciones aún más precarias), y la casi desaparición de la productora Pensado Para la Televisión (de Diego Gvirtz apenas sobrevive TVR pero en el canal 9, una señal sin programación ni rating); ahora el ataque se concentra contra la Fundación Octubre, de Víctor Santa María, y el grupo Indalo, de Cristóbal López, los últimos sobrevivientes de la “batalla cultural”.

 

En el caso de Santa María (Página 12, Diario Z, AM 750), la Unidad de Información Financiera lo denuncia por “operaciones sospechosas”, que habrían consistido en la derivación de fondos del sindicato a empresas vinculadas con Santa María. Las denuncias contra las mafias periodísticas, por parte de Macri, y el entero programa de Jorge Lanata dedicado al personaje de Santa María, parecen ceñirle la cuerda definitivamente.

 

Las noticias sobre Cristóbal López tienen más larga data. Fue Hugo Alconada Mom quien reveló el año pasado que, con la evasión de impuestos por parte de la empresa Oil Combustibles, el Grupo Indalo compró y financió el paquete de medios de su entonces dueño, Daniel Hadad, a pedido de la presidenta. Hoy AFIP lleva el cálculo de la deuda a 10 mil millones de pesos y pone al conjunto de las empresas periodísticas (los canales C5N y CN23, junto a las emisoras Radio 10, Pop, Vale, Mega y TKM) en una virtual bancarrota. En estos días es el mismo periodista el que nos anoticia que el Gobierno le bajó el pulgar a la negociación que había abierto Cristóbal López para vender su empresa al grupo Terranova (dueño de Publicidad Sarmiento, una de las empresas que controla la vía pública en todo el país, y del sitio MDZ), cuya cabeza visible es Orlando “Orly” Terranova, un piloto de rally, partidario del PRO. En contraste con el distendido trato a otros evasores, el Gobierno parece haber resuelto ir por todo: la quiebra del Grupo Indalo.

 

La intervención del macrismo no se presenta como “batalla cultural” sino como “cruzada anti mafia”. En todo caso, y con otros actores, el Gobierno va por la reorganización del sistema de medios (con mayor concentración y mayor penetración del imperialismo) y por una regimentación de otra “cadena de la felicidad”.

 

Nada de lo que está en juego remite a la “libertad de prensa”, esa vulgar mistificación burguesa. Todo lo que está en juego, en cambio, pone en riesgo las ya precarias condiciones de los trabajadores periodísticos y de medios. En solo dos años ya hay 2500 despidos en empresas de medios de todo el país. Se hace más evidente y profunda la verdadera “grieta”: entre los dueños de los medios (viejos y nuevos) y los periodistas, quienes tienen la oportunidad de sacar todas las conclusiones prácticas de una guerra en curso contra el conjunto de los trabajadores.