El carácter colonial del acuerdo que Macri y Malcorra están cocinando sobre la cuestión Malvinas adquiere toda su dimensión cuando se lo coloca en su debido contexto. El gobierno aprovechó la presencia en el Mini Davos del vice canciller británico para firmar un comunicado conjunto anunciando su determinación de avanzar en la explotación conjunta de los recursos hidrocarburíferos y pesqueros de Malvinas y la plataforma marina circundante. No le importó que con esa decisión incurriese en la violación de las leyes vigentes en el país. La ´seguridad jurídica´ prometida a los inversores debutó con el desconocimiento del sistema legal de Argentina.

Para el gobierno, el Mini Davos fue la verdadera audiencia pública del tarifazo. Allí estuvieron los representantes de los grandes monopolios petroleros internacionales. Entre ellos se destacó el CEO máximo de la British Petroleum, que explota junto con los Bulgheroni el principal yacimiento de petróleo del país –el de Cerro Dragón en Chubut. Los representantes de las petroleras tenían motivos sobrados para festejar. El gobierno se comprometió ante ellos a impulsar un tarifazo al gas que implica reconocer un precio de extracción a boca de pozo que es casi un 200% superior al internacional, y a mantener un sobreprecio de 20 dólares por barril de petróleo.

La imposición de los intereses de las grandes petroleras no se limitó al tarifazo sino que abarcó también la cuestión de Malvinas. Sucede que existe un fuerte lobby para eliminar las penalidades que rigen sobre las empresas que realizan contratos con la administración ´okupa´ de las islas. Según la ley vigente, estas empresas no sólo recibirán multas millonarias, sino que tienen vedada la posibilidad de realizar inversiones en el continente. Para la British Petroleum, por ejemplo, esto significa que no puede acceder a exploraciones en Malvinas si quiere mantener sus posiciones en Cerro Dragón. Es claro que el comunicado firmado por Malcorra fue redactado por el CEO del monopolio petrolero británico.

El lobby petrolero tiene motivos adicionales para presionar por un acuerdo. En momentos que el precio internacional del petróleo está en caída, las empresas necesitan reducir costos para obtener una renta equivalente a la tasa media de beneficio. La exploración en Malvinas y las aguas circundantes, que tiene un costo de exploración mayor, necesita acceder con su logística al territorio continental argentino para hacer viable sus operaciones. Este lobby petrolero internacional es el que dicta los términos de la política del gobierno en relación a Malvinas.

La dependencia de todos los partidos políticos capitalistas a estos intereses anticipa que los cuestionamientos iniciales a Macri y a Malcorra no pasarán a mayores. Federico Pinedo, por ejemplo, reclamó la anulación de las leyes que imponen sanciones a las empresas que cierran acuerdos comerciales en Malvinas con el Estado ocupante. En el altar de las inversiones petroleras, se sacrifican las veleidades nacionales de ´nuestros´ políticos tradicionales.

Incluso los opositores ´nacionales y populares´ que gobernaron hasta diciembre pasado se sumarán a esta orientación. En la década del 90´, la dolarización de tarifas llevó a un crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas que terminaron agotando los yacimientos de exploración tradicional. El gran capital va ahora por las exploraciones no convencionales y las que se realizan en aguas profundas. Kicillof, autor del pacto YPF-Chevron en Vaca Muerta, dio un paso decisivo en esa dirección.

Las petroleras están a punto de anotarse un doblete: la dolarización de las tarifas y la posibilidad de apropiarse de los recursos naturales del Atlántico Sur. La cesión de la soberanía sobre Malvinas conlleva una mayor penetración del capital internacional sobre el conjunto del territorio, sea insular o continental, y una apropiación por parte de los monopolios de la renta petrolera.

La cuestión Malvinas resume una cuestión estratégica: la reivindicación de la soberanía nacional sobre nuestro territorio insular requiere de un programa de transformación social integral que termine con la dominación de los grandes monopolios sobre el conjunto de la nación. Esa es una tarea que sólo puede llevar adelante un gobierno de los trabajadores.