Con la complicidad del oficialismo, Juntos por el Cambio logró aprobar, en la Cámara de Diputados, cambios reaccionarios en la ley de alquileres. La sesión mostró hasta qué punto el gobierno, que está en default político, es incapaz de enfrentar a la derecha y no hace más que allanar su camino a la victoria.

La oposición patronal convocó a la sesión con el objetivo de tratar una nueva ley de alquileres para terminar con los pocos puntos progresivos de la normativa vigente: el contrato de tres años y la actualización anual de los montos.

Su propuesta implica ir hacia contratos de dos años y hacia actualizaciones cada cuatro meses. El régimen de actualización de precios estaría regido por el libre arbitrio de los propietarios y las inmobiliarias.

El gobierno ni siquiera consiguió movilizar a la totalidad de su tropa; hubo 13 ausentes del bloque del Frente de Todos, que, de haber concurrido, podrían haber cambiado el resultado. Ni hablar del diputado camporista de Salta, Emiliano Estrada, que decidió abstenerse en lugar de impugnar la propuesta opositora.

Los congresistas de Milei, por su parte, le dieron quórum a la “casta” de Juntos por el Cambio.

Los diputados del Frente de Izquierda se opusieron al proyecto opositor. Romina Del Plá (Partido Obrero), además, señaló los límites de la propuesta oficial, que es insuficiente para atender la enorme crisis social que existe.

“Estamos ante uno de los fracasos más estrepitosos de los que se tenga memoria, la incapacidad de darle una mínima solución al problema de la vivienda de millones y millones de personas”, agregó.

Asimismo, defendió un proyecto presentado el año pasado por el FIT-U, que plantea gravar la vivienda ociosa, disponer de terrenos fiscales para la construcción de viviendas populares y urbanizar los barrios populares. La Cámara se negó a debatirlo.

El dictamen oficialista, que al final no pasó, mantenía los dos puntos importantes de la legislación vigente, aunque habilitaba el otorgamiento de exenciones impositivas y distintos beneficios a los propietarios.

En el contexto de una inflación anualizada que supera el 100% y del fuerte ajuste que está aplicando el gobierno de Massa y Cristina Kirchner, los propietarios rechazan la legislación actual y aplican un lock-out, quitando sus viviendas del mercado de alquileres con lo que empujan los precios a niveles exorbitantes. Esto, cuando 15 millones de personas padecen déficit habitacional.

Según un reciente informe de la consultora Ceso, los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron hasta un 20% en agosto. El trabajo señala que la mediana de los alquileres de monoambientes llegó a 140.000 pesos en agosto, 27.500 más que el monto del salario mínimo del mismo mes.

La mediana de los dos ambientes, por su parte, se ubicó en 170.000 pesos, y en 240.000 para los tres ambientes. A estos valores resta sumarle el precio de las expensas, que se calculan en un 12,4% promedio del precio de los alquileres.

A la par de este proceso, han crecido los alquileres valuados en dólares.

Los políticos del FMI, en todas sus variantes, le han clavado un nuevo puñal a los desposeídos en medio de un caos económico.

La ley de alquileres entró en una encrucijada en el Senado. En un plenario de comisiones, Juntos por el Cambio pidió avanzar con el proyecto aprobado, pero el Frente de Todos se opuso y buscará consensos para impulsar “cambios”.

Los inquilinos y todos los sectores populares en Argentina tenemos el desafío de organizarnos para defender nuestros derechos frente a la ofensiva patronal.

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