El gobierno nacional le ha sumado una vuelta de tuerca a la guerra por el control de la Justicia, con la división del bloque del Frente de Todos en el Senado para quedarse con el consejero por la minoría de dicho recinto para completar la conformación del Consejo de la Magistratura: una maniobra formal, que expone aún más el carácter de clase y la parcialidad de la Justicia burguesa.

La división del bloque de senadores del Frente de Todos y su transformación en un interbloque con 21 senadores en el Frente Nacional y Popular y 14 miembros en el bloque Unidad Ciudadana, sirve a los efectos de apartar al senador del PRO, Luis Juez, de su pretendido lugar en el Consejo, habilitando el ingreso de una senadora kirchnerista por la tercera minoría en la Cámara Alta.

Esto sucede luego de que la Corte Suprema reestableciera la conformación de 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, luego de resolver la inconstitucionalidad de la reforma kirchnerista del 2006 que la reducía 13 miembros –con una mayor injerencia del Poder Ejecutivo de la Nación- y tras deponer un fallo que bloqueaba la elección de los dos miembros del Congreso, promovido a instancias del Frente de Todos.

El Consejo de la Magistratura es un rosca que agrava el carácter antidemocrático de la Justicia. Hay que disolverlo y establecer la elección y revocatoria popular de los jueces y fiscales.

— Gabriel Solano (@Solanopo) April 20, 2022

¿Justicia imparcial?

Las idas y venidas respecto al Consejo de la Magistratura exponen cabalmente que la Justicia, lejos de ser un poder imparcial con miras a la consecución de un Estado de Derecho e incluso una igualdad formal ante la ley, es un recurso por el cual pugnan uno u otra representación política de la clase capitalista para garantizar sus propósitos políticos y económicos.

La reforma del 2006 del kirchnerismo buscaba, justamente, consagrar una primacía del Ejecutivo y las mayorías del Legislativo en el órgano responsable del proceso de designación de jueces de la Nación –incluyendo el estratégico Fuero Federal de Comodoro Py-, además de contar con facultades disciplinarias sobre los mismos, para allanarle el camino a las políticas del gobierno de turno.

La configuración actual, rescatada por la Corte, establece una representación con eje en la casta judicial, con el propósito de ampliar la injerencia de estos sectores en el arbitraje de las políticas oficiales que generan disidencias en la propia clase capitalista. Además, de servir de recurso de “domesticación” del oficialismo, por medio de carpetazos y causas judiciales, al servicio del capital internacional y el imperialismo.

Tanto por un lado o por el otro, se trata de una disputa a espaldas de los trabajadores y explotados, ya que una vez resuelta la conformación lo bloques patronales negocian y transan lugares y posiciones en los juzgados y tribunales; sin embargo, los jueces siguen aplicando un derecho hostil a los intereses de los trabajadores.

Esto se constata en las detenciones y la judicialización contra activistas y luchadores, como el caso de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, o la persecución contra los acusados por los incidentes en el Congreso cuando se votaba el pacto con el FMI,  lo que luego se expresa agravadamente en los tribunales provinciales, con detenciones arbitrarias, como ocurrió en Jujuy y recientemente en Tucumán.

Mientras las presentaciones y recursos de la clase capitalista prosperan y/o se resuelven más temprano que tarde, las presentaciones de las asociaciones y agrupaciones de jubilados, medidas y causas ambientales y de DD.HH son cajoneadas.

Una conformación de crisis

La maniobra del oficialismo impidió, parcialmente, que la oposición patronal y la Corte consagren una mayoría sobre los consejeros. De prosperar la medida, esto le daría una ventaja al oficialismo que, a su vez, espera bloquear la designación del consejero de Diputados, que con un ingreso de la oposición patronal podría dejar la cuestión en un inestable empate… prolongando la crisis del organismo.

Lo que queda claro es que la Justicia que resulte de la nueva conformación será un patrimonio al servicio del pacto con el FMI y de las metas fijadas por el imperialismo norteamericano. Lo que discute la clase capitalista, y sus partidos patronales, son los matices de la orientación para consagrar un mismo objetivo de fondo: el ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Quienes sí han sido excluidos de toda participación son los trabajadores y la población explotada en su conjunto, que carece de potestades para remover y resolver sobre jueces que, una vez designados, gozan de estabilidad vitalicia y beneficios extraordinarios, lo que, además de su orientación social y política, los aleja más de los intereses de la población trabajadora.

Hay que disolver el Consejo de la Magistratura y establecer la elección popular de los jueces, para terminar con las maquinaciones y maniobras de la clase capitalista que copa la Justicia, y su revocabilidad en manos de los trabajadores, para así cumplir un rol social progresivo sobre la base de un derecho que acompañe una transformación social y política de la clase obrera.

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