El gobierno ha lanzado una costosa campaña pública anunciando la apertura del Registro de Empleadores. Toda empresa “pequeña o mediana” que se inscriba podrá incorporar como personal a “beneficiarios” del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y, de este modo, asegurarse un trabajador previamente seleccionado por ella misma de acuerdo a su capacitación y merecimientos, por menos de 50 dólares al mes. El Estado se hace cargo de los 150 pesos del plan y la patronal se hace cargo tan sólo de la diferencia hasta completar el salario de convenio, incluyendo las cargas sociales sólo por esta misma diferencia.

El Estado se hace cargo, así, de la mitad o más del “costo laboral” de las empresas, en calidad de subsidio directo y sin condición alguna. La faz oculta del Plan Jefes y Jefas revela así su verdadera naturaleza: abaratar el trabajo asalariado para la clase capitalista a costa de los recursos públicos y dar un paso más en el desmoronamiento del salario.

El beneficio no tiene prácticamente fronteras para la clase capitalista desde el momento en que está concebido para “pequeñas y medianas empresas”, lo que supone más de los dos tercios de la industria, y reserva al Ministerio de Trabajo una enorme cuota de discrecionalidad a la hora de determinar los alcances exactos del decreto.

Reemplazo de la mano de obra existente

A partir de la decisión del gobierno existe una verdadera estampida para aprovechar los beneficios del Plan Jefas y Jefes.

En la lista ya está Siam (de Avellaneda, con 160 trabajadores hoy, se habla de miles en el futuro) junto a otras empresas metalúrgicas, mataderos, frigoríficos y curtiembres. Como el salario de convenio está congelado desde hace años y en muchos casos roza los propios 200 del salario mínimo, la rebaja del “costo laboral” para las empresas supera todo lo visto. El jornal de convenio del peón metalúrgico, que es uno de los “mejores” con respecto al resto, está en 1,38 pesos la hora y 276 al mes. Como las cargas sociales son aproximadamente un 80% de esta cifra, el capitalista pagaba por obrero 165 dólares (a 3 pesos). Ahora pasa a pagar 75 dólares: de los 276 pesos mensuales de salario, el Estado se hace cargo de 150 y el patrón sólo de la diferencia y las cargas sociales por ella, unos 226 pesos. Pero si se toman otros convenios, por caso Uocra o Carne, se llega a un punto en que las patronales aportan menos por obrero empleado que el propio Estado.

Las patronales tienen un beneficio adicional. El convenio de empleo para Jefas y Jefes es por seis meses, al cabo de los cuales el trabajador desocupado puede ser echado sin indemnización alguna.

Si se aprecia que en forma paralela al lanzamiento del Registro de Empleadores para utilizar la mano de obra desocupada por este “precio”, cesa (el 31 de junio) el régimen de doble indemnización para despidos fijado por la Ley de Emergencia y que, además, la UIA le ha reclamado al gobierno un nuevo sistema por el que se habilite la suspensión por un año al 50% del salario y el abaratamiento y pago en cuotas de las indemnizaciones, se puede ver que está en marcha un gigantesco desplazamiento de mano de obra permanente por “beneficiarios” del Plan Jefas y Jefes.

El régimen de empleo de mano de obra desocupada prevé su utilización por la administración pública, por lo que existe un reclamo formal de la Federación de Intendentes para poder “conchabar” mano de obra desempleada y reemplazar, a menor costo, a los trabajadores de las comunas. Hasta ahora este proceso se ha dado a través de la utilización de compañeros de los planes Trabajar en hospitales, comunas e infraestructura escolar (Dirección de Escuelas en la provincia de Buenos Aires). De este modo, las cuadrillas de los planes se convirtieron en brigadas de carnereaje de la clase obrera, orientadas a suplantar trabajadores bajo salario y convenio colectivo, mediante el chantaje del hambre.

Pero en tanto los empleados en los planes Trabajar no pasaban de 300.000, hoy existe un “ejército de reserva” de más de un millón de “beneficiarios” del Plan Jefas y Jefes que pueden ser utilizados en reparticiones públicas y empresas. Por eso existe una presión colosal de las intendencias y los funcionarios en pleno de las administraciones provinciales para producir un relevo en masa de los trabajadores hoy ocupados y dar su lugar a los desempleados “a 100 pesos al mes”.

Consejo Consultivo

El gobierno ha anunciado, además, la constitución inmediata del “Consejo de Ejecución y Control del Salario de Inclusión Social”, responsable de “auditar” el Plan para Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Oficialmente se ha anunciado que estará presidido por la ministra de Trabajo e integrado por representantes de Economía, Desarrollo Social, cámaras empresariales (Sociedad Rural, UIA y Copal), bancos (ABA y Abara), centrales sindicales (las dos CGT, la CTA y “grupos de piqueteros”), la Iglesia Católica, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico, la comunidad judía (Amia) y tres ONG. Se corresponderá con consejos locales en ciudades con más de 25.000 habitantes (Clarín, 10/5, cuando habla de “grupo piquetero” se refiere a la FTV-CTA y la CCC).

La puesta en pie de esta gran central de concertación no es ingenua. Pretende crear un poderoso arco de contención y colaboración de clases frente a la rebelión popular y, a la vez, imponer con los menores traumas posibles la gigantesca “reconversión” de los desocupados hacia el llamado “empleo productivo”.

El PO plantea:

• Ningún despido, ningún relevo de trabajador permanente por un desocupado.

• Todos bajo el mismo salario de convenio, aumento del 50% en todas las escalas, pago de las cargas sociales por el total del salario.

• Salario mínimo de 600 pesos, indexado a diciembre del 2001.

• Duplicación del monto del Plan Jefas y Jefes, trescientos pesos por cuatro horas de jornada laboral, obra social, jubilación y seguro en todos los casos.

• Extensión de las asignaciones para Jefas y Jefes a todo desocupado a partir de los 16 años.

• Elección masiva de delegados en emprendimientos y cuadrillas.