Políticas

22/12/2018

Manzur anuncia un 2019 de ajuste y mano dura contra el pueblo tucumano

El lunes 17, Manzur hizo varios anuncios en el marco del denominado “Plan Estratégico de Seguridad”, todos orientados a un reforzamiento descomunal del aparato represivo con el argumento de reforzar el combate contra los robos y el narcotráfico.


Es la muletilla que usan todos los gobiernos del continente para enfrentar las convulsiones sociales que emergen como resultado del agravamiento de la crisis y sus secuelas de mayor miseria y desocupación


Manzur hizo los anuncios acompañado por el vicegobernador Jaldo, el ministro de seguridad (ex comandante de Gendarmería) Claudio Maley y la plana mayor de la policía provincial.


Manzur presentó un proyecto para la creación de la policía municipal integrando a ese aparato al actual sistema de vigías, que ocupa a unas 800 personas que operan en siete municipios de la provincia. Este cambio lo justificaron “para que puedan tener mayores funciones, trabajar en la persuasión, prevención y que puedan actuar, y en caso que sea necesario, una vez que sean capacitados y entrenados, puedan utilizar armas de fuego”, cuestión que los vigías municipales tenían expresamente prohibido.


A su vez, Manzur anunció la compra de armamento y equipamiento para las fuerzas policiales a Israel por 10 millones de dólares. Se trata de un armamento variado, entre los cuales figuran las pistolas eléctricas Taser, que ya la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri gobernaba la Ciudad, en el 2010, las prohibió por considerarlas instrumentos de tortura. En esa misma época, el ministro de seguridad de Alperovich, Hoffer, también intentó introducirla destacando “que tiene muy buenos resultados para casos de concentraciones masivas”. Se trata de picanas eléctricas, de “baja letalidad”, pero potencialmente mortales.


La compra de este equipamiento fue concretada en la gira que Manzur realizó en noviembre, cuando visitó empresas israelíes vinculadas al sector de la seguridad, quienes además se comprometieron a realizar asistencia en el uso de este equipamiento. Como las empresas vinculadas al sector de seguridad israelitas están íntimamente con la Mossad (el servicio de inteligencia sionista), la llegada de asesores para instruir en el uso de las nuevas armas, mete por la galería a los servicios mejor entrenados en la represión y el espionaje a las organizaciones de izquierda y populares.


Por último, Manzur destacó que “Estamos anunciando acciones que tienen que ver con darle a la Policía de Tucumán las máximas atribuciones para actuar dentro de la ley”. 


En ese sentido la legislatura también va a considerar lo que se denomina el “Protocolo Maley” con un cúmulo de señalamiento y recomendaciones sobre el proceder policial, haciendo hincapié en que esto no tenía nada que ver con el plan Bullrich. El protocolo es una cortina de humo.


En la actualidad ya rigen distintas disposiciones sobre los límites en el uso de las fuerzas represivas, a pesar de lo cual, en Tucumán los casos de gatillo fácil se han multiplicado y las fuerzas de seguridad aparecen en numerosos casos que han salido a luz pública entrelazadas con el delito que dicen combatir. Por otro lado, el gobierno de Manzur ahora, y el de Alperovich antes, se han negado a derogar la ley de contravenciones declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de la Nación y de la Provincia. Si a todo esto se suma la descomposición general del sistema represivo (en este momento hay mil detenidos sin condenas recluidos, hacinados en comisarías, violando disposiciones legales y constitucionales), si tiene presente todo esto, es perfectamente claro que el reforzamiento del aparato represivo no viene a combatir el “delito” sino a reforzar la mano dura y los medios para enfrentar las luchas que se avecinan resultado del ajuste y la descomposición general del régimen provincial.