Luego de obtener media sanción en el Senado en octubre de 2020 y dictamen favorable en diversas comisiones de Diputados, la ley de etiquetado frontal de alimentos corre el peligro de perder estado parlamentario a menos de que se trate antes del 30 de noviembre de este año.

La nueva normativa, si bien es limitada, propone que los alimentos con altas cantidades de azúcar, sodio y grasas, entre otros, lleven en el frente un sello negro que alerte a la sociedad acerca de su contenido nutricional. Pero a quienes apoyan la ley les preocupa que la designación de Juan Manzur, exgobernador de la provincia de Tucumán y acérrimo defensor de los ingenios azucareros, se imponga como una traba para su tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta el rechazo que tuvo la ley en los sectores agroindustriales. Esto se debe fundamentalmente a que, según ellos, una etiqueta que alerte sobre las altas cantidades de nutrientes desalentaría el consumo de los alimentos que la contengan, perjudicando las ganancias del sector.

En realidad lo que refleja es que quienes dominan la agenda parlamentaria son los lobbys capitalistas. Hace unos pocos meses se evidenció durante las discusiones alrededor de la Ley de Biocombustibles, que en un primer momento planteaba la reducción del corte de bioetanol -derivado del azúcar de caña y, por lo tanto, producción de los ingenios del norte- del 12% al 7% en beneficio de las petroleras, quienes aportan el corte de biodiésel. Luego de lobbys de ambos lados y presiones a través de los diputados de JxC y el FdT, la prórroga extendió la ley hasta que se acordó un mínimo de 6% derivado de la caña y el otro 6% del maíz.

Por su parte, Manzur también actuó de mediador de los reclamos de las agroindustrias. En 2017, se pronunció abiertamente en contra de los impuestos a las bebidas azucaradas alegando que “científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”, cuando está más que reconocido que las gaseosas no aportan nutrientes esenciales en la dieta de un ser humano y que conllevan un riesgo importante de desarrollar enfermedades no transmisibles si se consumen en exceso, como la obesidad y la malnutrición. Nuevamente, la posición del actual Jefe de Gabinete se dio en favor de los ingenios azucareros.

La presión de las agroindustrias alimenticias tiene representantes tanto en las cámaras del Congreso como en el seno del gobierno de Alberto Fernández, lo que supone un obstáculo para la aprobación de leyes que, en principio, son progresivas.

Sin embargo, el accionar que tendrá una única ley sobre el consumo es debatible. La tendencia de los últimos meses de que los alimentos aumenten por encima de la inflación (51,4% vs. 55,5% de agosto a agosto) repercute sobre todo en aquellas familias con menos ingresos, porque no pueden dejar de consumir cuestiones básicas como la comida. Esto, sumado a que los alimentos considerados saludables son más caros que los que no lo son, implica que el acceso a una alimentación saludable se aleje cada vez más de los trabajadores.

Los programas que el gobierno puso en pie para contener los precios fracasaron estrepitosamente, como lo demuestran los devaluados Precios Cuidados y la Tarjeta Alimentar, que buscaron encubrir el ajuste en curso sin dar ninguna respuesta concreta y real al problema de la  pobreza ni al derrumbe del consumo. Para el caso de la Tarjeta Alimentar, el monto que se otorga por dos hijos es de $9.000, cuando la canasta familiar total ya roza los $70.000. Por su parte, la cantidad de productos en los Precios Cuidados fueron significativamente reducidos y su precio aumentado; incluso, en el mes de mayo se ubicaron por encima de la inflación media del resto de los alimentos.

Tampoco podemos obviar que fue el gobierno de Alberto Fernández el que repuso ni bien asumió el IVA en los artículos de primera necesidad, lo que significa que de cada 100 pesos pagados por los consumidores para comprar alimentos 21 son recaudados por el Estado; es decir que la magra asistencia social la pagan los propios trabajadores.

La “regulación de precios” ofrecida por el gobierno terminó siendo una fachada que oculta la destrucción sucesiva de los salarios, que culminó con una pérdida del poder adquisitivo de al menos el 7%. La reciente actualización del mínimo sigue la misma línea: se cobrarán $33.000 en febrero de 2022, es decir la mitad de la actual canasta básica. Lo cierto es que, en el contexto actual, una ley que no venga acompañada de medidas de mejora reales, como un salario mínimo de $100 mil, seguro al parado y la generación de trabajo genuino, difícilmente pueda ponerle un límite al aumento de la pobreza y garantizar alimentos de calidad para los trabajadores.

Este programa choca con la agenda del FMI, aquella que siguen al pie de la letra los principales bloques capitalistas. Es por eso que los trabajadores debemos apoyar un bloque independiente, que defienda los intereses de clase de quienes sufrimos el ajuste y luche por hacer realidad las reivindicaciones más sentidas del sector. Ese es el voto al Frente de Izquierda Unidad.

 

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