Tras dos años de prórroga en la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en el municipio de General Pueyrredón, el Concejo Deliberante está abocado al debate sobre un nuevo pliego de licitación.

Es la reedición de la discusión previa a cada aumento del boleto, con el oficialismo y la oposición de turno acusándose demagógicamente de perjudicar a los usuarios. La realidad es que durante décadas se aludió al vago concepto de “reestructuración” del transporte aludiendo a las necesidades de los usuarios, pero fue la vía para hacer desaparecer a La Marplatense, la Güemes, y otras empresas que fueron a la quiebra. Esta destrucción tremenda de capitales permitió la constitución de un sólido monopolio en manos de Inza.

Se batió el parche de que el servicio de transporte mejoraría luego de terminar con los permisos precarios, para pasar a un proceso licitatorio. Los gobiernos aseguraban que la “seguridad jurídica” emanada de una licitación brindaba mejores condiciones para la inversión de una empresa privada, y ello redundaría en una mejor prestación.

El monopolio que parieron los partidos políticos que se han alternado la intendencia, en cambio, pasó por arriba la mayoría de las disposiciones de los pliegos licitatorios (las rampas de discapacitados, las frecuencias, etc.). El Fondo del Transporte del 3% que se destinaba al arreglo de calles fue cedido a las empresas, con la excusa de financiar la implementación de la primer tarjeta magnética -anterior a la Sube.

A comienzos de 2016 estalló un escándalo de repercusión nacional, cuando se denunció que la empresa informaba 350 choferes fantasma para cobrar fraudulentamente los subsidios estatales correspondientes. Ni los gobiernos ni ningún bloque del Concejo Deliberante amagó con pedir una sanción, una investigación o una reversión de la concesión. Esto cuando el monto de los subsidios directos del Estado para el servicio de transporte local era antes de la pandemia de unos 1.000 millones de pesos anuales, que se suman a muchos otros subsidios indirectos.

Paralelamente, las condiciones laborales y salariales de los trabajadores choferes se ha deteriorado notablemente. La alianza del monopolio de Inza con la burocracia sindical de UTA ha permitido imponer retrocesos en los derechos de los trabajadores, pero ello ha desatado un reagrupamiento al margen y contra la dirección del sindicato que protagonizó varios paros y bloqueos, cuya evolución está abierta.

Todo esto se intenta quitar del debate público. El intendente Guillermo Montenegro habla de un supuesto “nuevo sistema”, pero el pliego tiene un nivel de exigencia que no deja resquicio para que otro grupo empresario compita con el pulpo establecido. Mientras, la oposición liderada por el Frente de Todos denuncia los detalles “olvidados”, pero por más algunos de ellos sean de gran importancia lo central es que no cuestiona la continuidad del grupo Inza al frente de la concesión. Inza es el caballo del comisario y del subcomisario.

El Partido Obrero interviene en este debate, en las audiencias públicas y con la movilización popular, reclamando la apertura de los libros de la empresa para probar a dónde fueron los subsidios e investigar todos los negociados, y el fin de la concesión para implementar un servicio de transporte estatal bajo control de trabajadores y usuarios.

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