El viernes pasado por la noche se registró un sismo político. Fue cuando miles de personas salieron a marchar desde Jujuy a Tierra del Fuego para protestar contra la suspensión de la televisación del juicio por el crimen de María Soledad.

Esta irrupción popular tuvo lugar apenas cinco días después de la marcha del 24 de marzo, en la que 100.000 personas protagonizaron la mayor concentración popular de los últimos quince años.

La protesta contra la decisión del tribunal de Catamarca constituye una dura lección para los que defienden al menemismo en nombre de la democracia. Ocurre que el 70% del aparato encargado de la protección jurídica de la democracia fue nombrado por la dictadura militar y defiende un vasto cuerpo de leyes que fue dictada por las dos últimas dictaduras militares.

La movilización popular contra la censura televisiva está relacionada con la convicción mayoritaria de que el aparato judicial no pretende castigar a los asesinos de María Soledad. Pero también existe la convicción de que el mismo encubrimiento realizan Menem y los partidos patronales. Con independencia de que la población saque o pueda sacar todas las conclusiones de lo que está ocurriendo, su movilización es un ataque al Estado burgués.

Cuando la gente aún no había ganado la calle, el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, tuvo tiempo de pronunciarse en apoyo a la censura televisiva del juicio. Es decir que la censura fue promovida por Menem. A Barra no le faltaron argumentos; dijo que la posibilidad de que el fallo judicial no coincidiera con el fallo del pueblo entrañaba un gran riesgo para el ‘estado de derecho’. Lo mismo había dicho Guillermo Luque en el programa de Grondona, cuando dijo que se asistía a la confrontación entre el juicio popular y el juicio legal. Barra y Luque han expresado con toda claridad a la burguesía, que ve en la movilización popular un fenómeno político cuyo alcance puede ser mayúsculo.

El tribunal que dictó la censura tuvo que renunciar; quedó eliminado de nuevo un equipo encubridor de los tantos que se designaron durante estos cinco años en Catamarca. Sin embargo, es perceptible que se quiere usar esta renuncia para dilatar la reanudación del juicio hasta conseguir un reflujo del movimiento popular y rearmar un acuerdo entre las distintas fracciones políticas. Esto último es una condición para que los pulpos televisivos se integren a una política de autocensura.

A pesar de la enormidad de la crisis, el Congreso no ha abierto la boca, es cómplice del encubrimiento y del juicio trucho. Los políticos patronales que protestaron contra la censura no se pronuncian sobre el juicio trucho, que está armado para evitar la condena de los culpables. En el marco del poder judicial es imposible satisfacer el reclamo del castigo a los asesinos, porque ello entrañaría una crisis política mayúscula. El encubrimiento de los criminales es responsabilidad de todos los poderes del Estado.

La movilización popular forma parte de la lucha contra la policía, provocada por los constantes asesinatos de chicos y por los intentos de Duhalde de implantar un estado policial en Buenos Aires. Menem. Congreso, justicia, policía —los pilares del Estado. Menem, y el partido justicialista han estado reteniendo los diplomas de los senadores electos de la oposición hasta conseguir los votos necesarios para que Saadi, o un saadista, ingrese al Senado.

La movilización popular también forma parte de la enorme agitación que causa cada vez más el derrumbe del ‘plan’ Cavallo. La población argentina siente que vive en un régimen que le ha cerrado todas las salidas.

La causa de María Soledad tiene una única salida. El encarcelamiento inmediato de los principales sospechosos de ejecución y complicidad del crimen, hasta que quede fehacientemente establecida su situación;  la elección de un tribunal por el pueblo de Catamarca; la formación de una comisión especialmente electa por el pueblo, con plenos poderes, para  investigar el crimen; el juicio y la cadena perpetua a los culpables.