En una sociedad donde los delitos perpetra­dos por sujetos de la clase capitalista o de su poder político quedan impunes, puede parecer todo un acto de justicia la condena que recibie­ron Luque y Tula por el crimen de María Sole­dad. Pero si se analiza con un poco de cuidado, se llega a la conclusión inversa, porque todo castigo penal no es otra cosa que un acto de encubri­miento del régimen social y político que permite e impulsa la comisión de esos delitos, así como de los responsables políticos que se esfuerzan por apañarlos.

Veamos si es así o no

Luque y Tula recibieron 21 y 9 años de cárcel, respectivamente, por el delito de viola­ción seguido de crimen en contra de María Sole­dad. De acuerdo a las leyes en vigor, Luque podrá beneficiarse del régimen de “salidas la­borales” dentro de cinco años y Tula podrá hacerlo dentro de un año. Del mismo modo, cuando cumplan la mitad de la pena podrán solicitar una conmutación, lo cual en el caso de Luque podría ocurrir dentro de ocho años (por­que ya cumplió dos) y para Tula dentro de dos años (también cumplió dos). Por último, de no prosperar lo anterior, podrán salir en libertad condicional al cumplir el 75% de la sentencia, o sea dentro de once años para Luque y menos de cinco años para Tula. En definitiva, el terrible asesinato de la joven catamarqueña ha quedado sancionado con bastante liviandad.

Pero el punto principal ni siquiera es este.

Lo fundamental es que este crimen se ca­racterizó por una inusual movilización política para tratar de encubrirlo. Para probar el delito en sede judicial hubo que apelar a testigos y a indicios veraces, pero no a pruebas concluyentes —a tal extremo se borraron las huellas del atropello criminal contra María Soledad. En esa movilización política oficial, intervinieron el jefe de policía, el obispado y el gobierno de Catamarca, el actual intendente de Escobar e incluso el presidente de la República. Menem procuró, por medio de Patti, imputar la violación criminal a los supuestos celos de la mujer de Tula, Ruth Salazar. Pero estos responsables políticos salieron airosos del juicio; en especial Menem, que ni siquiera fue mencionado.

El encubrimiento del crimen durante siete años permitió lo que a la postre es lo más importante de todo: dejar en píe al régi­men político responsable de la violación y muerte de Maria Soledad. Es decir, se castigó el crimen en sus efectos para dejar a salvo sus causas, o sea, el régimen político de Catamarca y sus conexiones con los grandes intereses capitalistas y clericales, así como al régimen político nacional con todas sus conexiones con el capital financiero internacional, el narcotráfico, el contrabando de armas, la liquidación de las conquistas obreras y el desahuciamiento de los trabajadores mediante el desempleo en masa.

Si Luque y Tula hubieran sido enjuiciados y condenados inmediatamente después del crimen, el sistema de encubrimiento político y social hubiera saltado por los aires. La prolongación durante siete años de este proceso ha permitido convertirlo en un inocuo hecho penal. Allí donde para el pequeño burgués democra­tizante termina la impunidad; es decir con la condena, para un obrero socialista esta impunidad recién, comienza, porque la condena encubre al régimen explota­dor, fingiendo separar a la oveja negra del rebaño.

El reemplazo del saadismo por el gobier­no del Frente Cívico, intervención federal mediante, no significó ninguna clase de cambio para, la provincia. Así lo prueba la miseria popular creciente y en particular el amparo a. las grandes concesiones mi­neras, que se llevan casi gratuitamente las riquezas y el trabajo de Catamarca; el actual gobernador Castillo, lo fue tam­bién bajo la dictadura militar. Otra vez, el clero ocupa su lugar atacando violenta­mente los reclamos de los trabajadores de la mina Bajo la Alumbrera contra la flexi­bilidad laboral y los salarios de hambre.

La catarata de elogios que ha suscitado el fallo entre los demócratas y los izquier­distas ilustra la verdadera posición de estos frente a los crímenes de la dictadura militar. Cuando reclaman “verdad y jus­ticia” no pretenden iniciar un proceso que liquide a todo el régimen social y político que respaldó a la dictadura y que hoy signe explotando y gobernando y que también sigue amparando a los aparatos de represión; exigen el debido proceso penal porque serviría para conservar la “memoria”, como si la memoria pudiera ser una valla eficaz contra la consolidación y desarrollo del régimen político y social que perpetro aquellos crímenes y como si este hecho no fuera precisamente una prueba contundente de falta de memoria. Al final el ´Cavallo´ Alvarez y Fernandez Mejide tienen toda la intención de gobernar con los que financiaron el golpe militar y a la dictadura – para producir los mismos resultados políticos y sociales.

La diferencia entre las penas de muerte contra algunos jefes nazis pronunciados por el Tribunal de Nuremberg (o la condena a las Juntas Militares en Argentina) y, por ejemplo, los fusilamientos decididos contra los batistianos por los tribunales populares en Cuba (o la guillotina aplicada a la realeza francesa), es que las primeras sirvieron para encubrir a los regímenes políticos criminales y rescatar a la mayor parte, cuando no a todos los responsables, y las segundas sirvieron para acabar con un  sistema social de explotación y oprobio e inaugurar una nueva era.