El desarrollo del juicio por el crimen de María Soledad puso rápidamente en evidencia que las expectativas de que se condenaría a los culpables y a sus encubridores serían una vez más frustradas. El cambio de carátula, el encanamiento de testigos que testimoniaban contra la versión oficial y en perjuicio de Luque, marcaron que todo el juicio iba a concluir en una absolución de los imputados. Por eso, los grupos de personas que espontáneamente se acercaban al tribunal comenzaron a plantearse que era necesario relanzar las “marchas del silencio”, y del intercambio de opiniones surgieron dos reclamos centrales: el de castigo a sus asesinos y encubridores y la protección de los testigos acusados de falso testimonio. Entre la gente fue creciendo la opinión de que es un juicio fraguado, que ya existe una sentencia pactada entre el Frente Cívico, gobernante, y el saadismo, “opositor”, y que en función de ello el tribunal debería actuar para descalificar a testigos y pruebas que pongan en tela de juicio “el crimen pasional”, que fue la versión de la intervención de Patti y del propio Menem.

Por otro lado, la indignación popular ha sido aún mayor, porque los testigos presos por falso testimonio eran todos de condición humilde, que fueron apretados a la vista de todos, para llevarlos a contradicciones, y así poder descalificar sus testimonios; ninguna resolución se adoptó contra los que cambiaban sus declaraciones, ahora en favor de Luque, o contra la amenaza de muerte de un pariente de Saadi a la monja Pelloni. Es “vox populi” el mejoramiento económico de los que cambiaron sus declaraciones.

Durante el juicio han surgido denuncias de todo tipo sobre apremios ilegales, amenazas y acciones, ya sea de la policía provincial como de la Federal (en época de Patti), que demuestran que desde el primer día hubo una acción oficial dirigida a borrar la más mínima prueba, y la de aplastar mediante la represión cualquier elemento que pudiera emerger y condenar a los culpables. Incluso un abogado ha demostrado que la demora en el juicio es porque iba a ser inevitable que en el juicio surgieran denuncias de los apremios y la negligencia policial, pero que esos delitos ya han prescripto, si llegado el caso se pretendiera investigar y castigar.

La reacción popular ante todos estos hechos ha llevado a que a los curiosos de los primeros días se fueran sumando los antiguos activistas y organizadores de las “marchas del silencio”, que se hicieron presentes para aplaudir a la monja y putearlo a Luque, y a que se decidieran a organizar autoconvocatorias que ya han reunido a varios centenares de personas frente al Tribunal. Ahora se piensa dar un paso más, a partir de la formación de una “Coordinadora Contra la Impunidad y el Encubrimiento”, con los elementos más activos de la protesta popular, incluso algunos ligados a la Iglesia, abierta a los partidos de izquierda y movimientos sociales, en particular dirigiendo el accionar sobre los centros estudiantiles y la juventud, con el objetivo inmediato de lanzar una Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad y el Encubrimiento, con epicentro en Catamarca.

Es precisamente esta reacción popular, y la conciencia en el gobierno del Frente Cívico sobre lo ocurrido bajo el gobierno de Saadi, sobre el alcance que podría tener la movilización popular, que se pueden explicar varias cuestiones: una, que todas las instituciones y activos reconocidos del Frente Cívico, como la agrupación de “Mujeres Catamarqueñas”, que estuvieron en las marchas del ’91, ahora están completamente borrados y se justifiquen en que “no hay que dar pasto para que la situación se descontrole” y pueda retornar el saadismo a Catamarca. Dos, las declaraciones del diputado provincial Balverdi, del Frente Cívico, ex saadista y ex empleado de Guillermo Luque quien testimonió en contra de Luque, y deschavó la existencia de un Comité Estratégico en el gobierno, que sigue paso a paso el caso y explica que quizá desde allí se haya tomado la decisión de que es preferible condenar levemente a un ‘perejil’, si por medio de ello se logra contener la reacción popular. Esto mismo explicaría el cambio de postura del presidente del Tribunal, y hasta la presentación de una serie de testigos, ex oficiales de la policía, que en medio de la crisis del gobierno saadista, tendieron a diferenciarse de las patotas que mandaba el comisario Ferreyra.

Precisamente porque la movilización popular comienza a ser un factor en el juicio es necesario reforzarla, extendiéndola a todos los ámbitos de la población, en especial la juventud, formando comités en los pueblos, en los barrios, porque sólo por medio de la movilización independiente se podrá abrir paso la posibilidad de una investigación sin ataduras, que conduzca a la verdad y con ello a un verdadero juicio y castigo a los culpables y a todos sus encubridores.