El asunto de los cuadernos de Centeno arroja nueva luz sobre los intereses económicos que rodearon el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Mucho antes de que la extraña bitácora del remisero de Baratta y De Vido llegara al despacho del juez Bonadio, nuestra organización había reclamado que se investigara a los empresarios a cargo de la gestión de los ferrocarriles, empezando por los que regenteaban la línea Roca, donde latía la lucha de los trabajadores tercerizados que Mariano acompañaba como militante del PO aquel 20 de octubre de 2010.

Apenas ocurrido el crimen, cuando todavía no se habían secado las lágrimas por la pérdida de nuestro compañero y amigo, el Partido Obrero denunció que el ataque criminal de la patota de Pedraza contra los tercerizados tenía un fundamento económico, que era el de preservar los enjuagues que empresarios, funcionarios y burócratas realizaban por medio de la subcontratación de empresas y ´cooperativas´ para realizar con fondos públicos obras de infraestructura y mantenimiento del sistema ferroviario. Aquella denuncia, formulada tempranamente, en medio de la conmoción causada por el asesinato de Mariano, fue desoída por supuesto por el gobierno de Cristina Fernández, que drenaba dinero del Estado a los bolsillos de los involucrados, pero también por la Justicia. El resultado a la postre fue, el 22 de febrero de 2012, el desastre de la estación Once y la muerte de 52 personas. En total, las empresas concesionarias de ferrocarriles (Roggio-Metrovías, Romero-Emepa-Ferrovías y Cirigliano-TBA, esta última excluida en mayo de 2012) recibieron entre 2003 y 2015 casi 6.900 millones de dólares, según un relevamiento de La Nación (20/8). Constituye uno de los capítulos más negros y notorios de los desfalcos del kirhnerismo, con la participación de empresarios y burócratas que luego giraron su apoyo al macrismo.

Vaciadores

Tras la privatización de los ferrocarriles, durante el primer gobierno de Menem, la gestión del sistema ferroviario pasó a manos de una empresa, Metropolitano, que en 2001 fue adquirida por el vaciador serial Sergio Taselli (responsable, entre otros, de la quiebra de Parmalat y de la muerte de 14 mineros en Rio Turbio, también bajo su gestión), hoy detenido por el affaire de los cuadernos. Taselli regenteó los ferrocarriles hasta que salió del ramal San Martín en 2004 (por “incumplimiento de contrato) y, en 2007, de la gestión del Roca y Belgrano Sur, tras una verdadera rebelión de usuarios en Constitución, por las pésimas condiciones de transporte.

A partir de entonces se conformó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), compuesta por Metrovías, Emepa y TBA, para reemplazar a Taselli. Finalmente Metrovías y Ferrovías quedaron a cargo de la gestión del Roca. El Estado pagaba la totalidad de los sueldos y obras y las empresas operaban el servicio. Éstas embolsaban los ingresos por venta de boletos y la explotación comercial de locales y publicidad, pero sobre todo se quedaban con el 6% de la totalidad de los fondos devengados por el Estado, a modo de “comisión”. Ergo, cuantas más obras se financiaran, mayores serían los ingresos de las empresas concesionarias. Pero esto no es todo, pues una buena parte del filón provenía de la tercerización de las obras ferroviarias. “Se trata de una gran cantidad de obras que terminaban en empresas que eran de los mismos concesionarios” (La Nación, 20/8).

Encubrimiento

Durante pesquisa y luego durante el juicio a Pedraza y su patota surgieron pruebas contundentes del vaciamiento operado por empresarios y burocracia a través del mecanismo de la tercerización. Los gerentes de las empresas explicaron sin empacho frente al tribunal* que las obras de mantenimiento e infraestructura se asignaban por medio de una “licitación cerrada”, que no era otra cosa que el mecanismo de cartelización de la obra pública que describió el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner: los representantes de las empresas se reunían a puertas cerradas y asignaban las obras a subcontratistas que, por lo general, eran empresas satélites de las mismas concesionarias y tenían a sus trabajadores en condiciones laborales precarias. “Los planes de obra, que muchas veces ni siquiera llegaban a concretarse, se negociaban directamente con el gobierno de entonces” (La Nación, 20/8). Según el ´arrepentido´ Aldo Roggio, el 5% volvía a los funcionarios.

Entre las beneficiarias se encontraba la cooperativa (trucha) “Unión del Mercosur”, que era propiedad de Pedraza y su banda y explotaba a los mismos trabajadores que se suponía que debían representar. El directorio de esta ´cooperativa´ estaba conformado por miembros y allegados de la comisión directiva de la Unión Ferroviaria. Tras la caída de Pedraza, muchos de ellos continúan impunemente al frente del sindicato, uno de los más dóciles frente al gobierno Macri. Los reclamos reiterados y, sobre todo, la movilización de los tercerizados –que cobraban un tercio que los trabajadores de planta y sin los beneficios del convenio– ponían jaque este negociado. Pedraza y los suyos decidieron entonces ´aleccionarlos´ contratando una banda de pistoleros, entre ellos Cristian Favale –que por entonces se pavoneaba en peñas del kirchnerismo y se sacaba fotos con Amado Boudou y Sandra Russo. Los empresarios dieron asueto para que los punteros de Pedraza salieran de los talleres ferroviarios de Remedio de Escalada a enfrentar a los tercerizados. La policía –que Aníbal Fernández dijo que había actuado de manera “ejemplar” – les liberó la zona. Además del asesinato de Mariano, fueron heridos de bala otros tres compañeros, entre ellos Elsa Rodríguez. De milagro no fue una masacre.

¿Qué hicieron entonces el gobierno de Cristina y sus alcahuetes? Acusar al PO de buscar “tirarle un muerto al gobierno”, reunir a los suyos en Casa Rosada en apoyo a la ex presidenta y negarse a recibir a una delegación del partido de Mariano, que exigía justicia por este crimen contra la clase obrera. Las provocaciones continuaron semanas después con la detención, por orden de Nilda Garré-Aníbal Fernández, de los luchadores ferroviarios del PO, Jorge Hospital y Omar Merino; y con los consejos paternales del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada a Pedraza para perpetuarse en el gremio. La burocracia sindical además ocupaba puestos estratégicos del área de Transporte, nada menos la subsecretaria de Transporte Ferroviario, a cargo del fallecido Antonio Luna, que venía de La Fraternidad, y la gestión del Belgrano Cargas. Llevamos a Pedraza a la cárcel con la lucha, doblegando a un gobierno que conspiró por su impunidad –y la de los empresarios y funcionarios involucrados.

Todo esto fue denunciado por nosotros ante el tribunal encargado de juzgar a Pedraza, que hizo caso omiso. Textualmente, consideraron “no haber encontrado pruebas suficientes” respecto de la participación de los empresarios, a pesar de que compartían los intereses de Pedraza en la defensa de la tercerización laboral. La maniobra había comenzado antes, cuando se abrió una causa judicial aparte para “investigar” la trama económica detrás del crimen de Mariano. Esta, por supuesto, no avanzó un milímetro. Por su parte, el juez Lijo tiene aún cajoneada la causa que investigaba de defraudación de fondos públicos a través de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur, y que jamás movió.

Roggio-Metrovías, el concesionario del subte, ¿está ahora ´arrepentido´ de haber participado en estos enjuagues que lo forraron de dinero público?

La lucha contra el régimen de los vaciadores y sus gobiernos sigue más que nunca.

 

*Ver capítulos 10 y 26 de Mariano Ferreyra – El diario del juicio (Ediciones Rumbos, 2013)