En estos días, algunos compañeros han manifestado una prevención lógica: que el asesinato de Mariano quede impune merced a maniobras como las que aseguraron, en 1997, la impunidad de los asesinos de Teresa Rodríguez en Neuquén.

El de Teresa –baleada por la policía durante la represión al “cutralcazo”– fue uno de los crímenes más abundantemente filmados y fotografiados, y pocos tuvieron tantos testigos directos. Estudios criminalísticos de alta tecnología, efectuados entonces por el Instituto Balseiro, permitieron determinar que el disparo partió de un grupo de policías perfectamente identificados. No obstante, un entretejido de chicanas y encubrimientos les permitió ocultar de qué arma exactamente salió el disparo. No hubo procesados y, obviamente, tampoco condenas. Los asesinos quedaron en libertad y fueron reincorporados a la policía.

Claramente, tratar de que la autoría del crimen de Mariano se difumine entre una cantidad de autores posibles, sin que se pueda establecer con certeza quién o quiénes de ellos fue el tirador o los tiradores, será la estrategia de la defensa de Cristian Favale y de cualquier otro miembro de la patota asesina. Pero, más importante aún, esa será la estrategia política de la burocracia que les ordenó matar o, como en el caso de Pablo Díaz, comandó personalmente al grupo de criminales.

Técnicamente, la de ellos es una tarea difícil. Están todos los elementos para saber precisa y rápidamente quién o quiénes tiraron, cómo se organizó esa patota, quiénes la dirigieron y quiénes la enviaron. Esto es, para determinar las responsabilidades penales y políticas del crimen. No obstante, la resolución de este caso no dependerá tanto de la técnica forense como del curso político de los acontecimientos.

Entre el caso de Teresa Rodríguez y el de Mariano hay una distancia enorme: entre un hecho y el otro ocurrió el Argentinazo. Por eso, los asesinos de Teresa están sueltos y con el uniforme puesto, mientras que Alfredo Fanchiotti, asesino de Kosteki y Santillán, está condenado a perpetua. Y no fueron pocas las maniobras que procuraron la impunidad de Fanchiotti y su banda, y mucha la movilización y la lucha que hicieron falta para superarlas y lograr la condena. Aun así, es cierto, en ese caso fueron presos los sicarios, no los responsables políticos (algunos de ellos están en el gobierno actual).

Por otra parte, la enorme movilización popular que respondió al asesinato de nuestro compañero ha instalado una presión social y política que exige el esclarecimiento del crimen. Esa movilización ha dejado aisladas las provocaciones del gobierno y de sus medios afines en su intento de equiparar a víctimas con victimarios, o de confundir a la población.

Se trata, por lo tanto, de sostener esa presión, esa movilización, para asegurar el juicio y castigo a los asesinos, cosa que lograremos si conseguimos que el encubrimiento se les haga políticamente insostenible, que a la burguesía le resulte más barato entregar a los asesinos -aun a los más encumbrados- que dejarlos impunes.