El fiscal federal Guillermo Marijuan acaba de solicitar el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de “La ruta del dinero K”, en un vuelco llamativo de sus actuaciones precedentes. Detrás de esta medida operan los vínculos entre el fiscal y el ministro Sergio Massa, ungido por Cristina para comandar el ajuste del FMI.

La causa en cuestión es la que investiga el lavado de dinero y el patrimonio del exbancario devenido en millonario Lázaro Báez, cuya fortuna fue ampliada exponencialmente durante el gobierno de los Kirchner, con sospechas de operador de testaferro del matrimonio K.

Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de lavado de 65 millones de dólares y evasión fiscal, detectándosele alrededor de 400 propiedades de las cuales tan solo 26 se encontraban declaradas.

Marijuan, ahora, dice que no ha podido probar con evidencia la relación manifiesta entre Báez y los Kirchner, cuestión favorecida por el reciente fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que consideró que Báez no lavó dinero proveniente de la obra pública “financiada” por los Kirchner sino de la evasión fiscal.

Detrás de este giro de 180 grados se insinúa la intervención de un allegado al fiscal federal y actual “compinche” de Cristina Kirchner, Sergio Massa, luego de que Cristina respaldará su designación al frente del plan económico del FMI y allanara el camino para una eventual candidatura del tigrense.

La justificación del fiscal federal resulta escueta, considerados las 400 comunicaciones probadas entre el entorno de Cristina y Báez, los negocios alrededor de la obra pública con Austral Construcciones S.A., los testimonios explícitos como el de Leonardo Fariña y el interrogante más claro… ¿cómo hizo su fortuna millonaria Báez?

Tanto el fallo de la Sala IV como el actual giro de Marijuan son muestras palpables de que la Justicia responde a intereses y presiones de las clases dominantes, algunas veces para doblegar posiciones en la interna intercapitalista y otras para sellar pactos, acuerdos o una hoja de ruta común para la próxima etapa.

La ruptura de la asociación entre el lavado de dinero probado y la  fuente del dinero mismo, proveniente de los negocios con la obra pública y otras yerbas, es la operación política que se esconde detrás detrás de este vuelco de la Justicia.

En la “causa Vialidad”, justamente, lo que se acredita es la participación de Cristina Kirchner en la corrupción de la obra pública en Santa Cruz, algo difícil de escindir de la participación concreta en los negocios y manejos que son fruto de ese enriquecimiento ilegal. Salvo que estemos ante un supuesto de corrupción “desinteresada”.

El apoyo a Massa, la “deposición” de su candidatura y las señales hacia una transición ordenada para un gobierno que continúe la actual agenda imperialista de ajuste son parte de las gestiones para obtener la impunidad en un rasgo distintivo que hace a toda la clase política capitalista del país, desde los Kirchner hasta la familia Macri: los negocios corruptos con la patria contratistas y la burguesía nacional parasitaria.