Marita Verón y la lucha contra el Estado mafioso
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TUCUMAN
El viernes 4 se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Marita Verón. Fue la oportunidad para que el gobierno montara un espectáculo musical y otras ceremonias, pero Marita sigue sin aparecer. No sólo eso: el negocio de la trata sigue viento en popa.
Unos de los principales empresarios del rubro, la “Chancha” Ale, sigue en libertad ampliando su red de casas de juego, alrededor de las cuales funciona toda una estructura prostibularia y de comercialización de drogas.
Susana Trimarco denunció en su oportunidad al clan Ale como el principal organizador de las redes de trata en la provincia; pero en este caso, Trimarco -que con sus denuncias ha obligado a renunciar a ministros y miembros de la Justicia- nada pudo hacer con los Ale, quienes tienen negocios entrelazados con políticos y funcionarios. Incluso habían logrado conectar su remisería con el servicio policial.
El gobierno de Alperovich es incapaz de desmantelar las redes de trata, porque tendría que desmantelar al propio Estado que él mismo regentea. Alberto Lebbos ha denunciado reiteradamente cómo, en el caso del asesinato de su hija Paulina, todas las instituciones del Estado -desde la cúpula del gobierno y la Policía hasta la Justicia y la Legislatura- han actuado al unísono para encubrir el crimen y proteger de esa manera a sus autores. Las pistas apuntan a los “hijos del poder”.
Ese mismo procedimiento ha sido usado en cientos de casos que la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad viene denunciando.
Ahora, el gobierno ha impulsado que la provincia tome a su cargo el combate contra el tráfico minorista de droga. Pero la Policía y la propia Justicia han sido denunciadas por su asociación con las mafias y bandas delictivas vinculadas al tráfico de drogas.
Desde el Acuerdo Cívico han criticado esta decisión, con el argumento de que se van a generar interferencias con la Justicia federal. El diputado nacional de la UCR José Cano ha planteado como salida la “solución colombiana”, que sólo sirvió para militarizar ese país y expulsar a millares de campesinos, mientras se ampliaban los cultivos dedicados a la producción de cocaína.
En este escenario de descomposición política, el gobierno viene acelerando las medidas de ajuste y ataque represivo a diversas protestas populares.
La lucha contra las mafias vinculadas al negocio de la trata y la droga es inseparable de la lucha contra el gobierno y el Estado mafioso que las encubre y, en muchos casos, la promueve.
