A casi dos años del último cobro de salario, los trabajadores no hemos cobrado ni los salarios adeudados ni las indemnizaciones. La justicia tampoco ha determinado quiénes son los propietarios del grupo ante la evidencia pública del papel de Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y elementos vinculados a los servicios de inteligencia como Juan José Gallea y hasta el auditor de la Nación, Javier Fernández, en el directorio de la empresa.  

 

Los últimos dichos de Martínez Rojas vienen a confirmar gran parte de lo que presumíamos los trabajadores.

 

Martínez Rojas, desde el principio, fue un mercenario a sueldo del empresario K y de los servicios de inteligencia. Desembarcó en el diario y en Radio América como mascarón de proa del vaciamiento para simular una venta e intentar quebrar la lucha de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo. Él mismo ingresó a la redacción y la radio el 4 de julio de 2016 encabezando una patota, cuando el diario ya había sido recuperado por los trabajadores. Es una evidencia de que fue la decisión de defender a toda costa los puestos de trabajo lo que impidió que los planes de Szpolski-Martínez Rojas se consumaran hasta el final.

 

La amenaza de Martínez Rojas de hacer públicas las pruebas que incriminarían un amplio espectro del poder político vinculado al kirchnerismo en negociados como la falsificación de DJAI (se estiman entre mil y 5 mil millones de dólares) pone en evidencia que el affaire Tiempo Argentino-Radio América fue apenas uno más de un abanico de tareas que Martínez Rojas realizaba al servicio de la malversación de fondos públicos operada por el kirchnerismo. El uso discrecional de la pauta oficial para los medios del Grupo 23 no eran apenas un negocio familiar sino que constituía un eslabón de una cadena más amplia de lavado. 

 

Martínez Rojas decidió golpear a los trabajadores en sus denuncias sugiriendo que la cooperativización del medio ha sido y es financiada por el kirchnerismo. Nada más lejos de la realidad. Los trabajadores, que hoy no llegamos a percibir un ingreso equivalente a los salarios de convenio de la categoría de redactor, hemos sido las víctimas del vaciamiento operado por un empresario kirchernista, Szpolski, que montó un grupo con testaferros bajo el amparo del gobierno de entonces del cual, además, fue candidato a intendente por Tigre. 

 

Para eso se han valido de la complicidad de los funcionarios del actual gobierno y de la justicia que nada ha hecho para garantizar el pago de lo adeudado a los trabajadores ni para investigar el brutal ataque de Martínez Rojas a la redacción. Por el contrario, en su ninguneo, han promovido la conformación de la cooperativa como una forma de cerrar el conflicto gremial sin dar respuesta a los reclamos. El gobierno, de hecho, liberó los pagos por pauta adeudada al G23 (en manos de bancos que habían comprado las facturas) negándole esos fondos a los trabajadores.

 

Este ajuste de cuentas entre empresarios, atravesado por la interna de los servicios de inteligencia, puede ser un golpe para la empresa recuperada y sus trabajadores. Pero también puede ser una oportunidad para dejar en claro la responsabilidad de este gobierno y el anterior en la situación que atravesamos los trabajadores en el último año y medio. Es necesario dejar en claro el interés y la predisposición de los trabajadores en que la justicia investigue hasta el final todo el entramado de lavado y malversación de fondos, desarrollar una orientación editorial independiente y reclamar a viva voz el pago de los salarios adeudados y las indemnizaciones para los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América y del resto de los trabajadores del ex Grupo 23.