En un informe del especialista en seguridad social Guillermo Jáuregui se ha conocido el porcentaje a aplicarse en marzo para las jubilaciones y prestaciones sociales de 18 millones de beneficiarios: entre 8 y 8,2%.

El porcentaje surge de la (mejor) evolución de los salarios en el trimestre correspondiente de 2020, que es un 4,5%, por un lado. Por la otra mitad, la evolución de la recaudación de aportes e impuestos que van a la Anses, que es un 3,5%. La pequeña variación del 0,2%, que es incierta, surge del número de beneficiarios, que Anses publicará y determinará el porcentaje definitivo.

Como ya sabemos, la inflación de enero es del 4%, con alimentos en un punto más. Esto después de que diciembre también fue de un 4%, o sea que estamos en presencia de una velocidad o ritmo inflacionario en ese orden. ¿Alguien puede pensar que la inflación del primer trimestre de 2021 será de un 8%? Muy difícil. Al contrario, el mundo económico piensa que no bajará de un 11% como piso.

Lo comparamos así porque nos anticipamos al debate que presentará el relato nacional y popular que olvida la inflación pasada. Los jubilados no la olvidan, porque la pérdida de poder adquisitivo se va acumulando mes a mes, una sobre otra. Entonces, vamos a recordar que el año pasado (2020) los jubilados perdieron entre 0,6 y 8,7%. Y que en los cuatro años de Macri perdieron un 19,5%.

O sea que en marzo sumarán más pérdida de su poder adquisitivo, con la nueva fórmula pejotakirchnerista. En realidad, como lo ha señalado el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en el debate, el verdadero redactor de esta fórmula, o al menos su inspirador, ha sido el FMI, a quien se dedican todas las confiscaciones masivas a los jubilados y el desfinanciamiento serial de la Anses mediante permanentes subsidios a los capitalistas con sus fondos.

 

En marzo, la mínima pasaría de $19.035 a $20.577, lo que significa $1.400 de aumento en medio de la disparada de los precios generales y en especial de los alimentos y medicamentos, que son superiores al índice general.

Las 1.400.000 pensiones no contributivas pasarán a $14.404 y las 170.000 Puam a $16.462. Basta ver los importes para sacar las conclusiones sociales, económicas y políticas, para quién piense en la supervivencia de la clase trabajadora.

A su vez, los de la máxima irán de $133.242 a $144.034. Vale recordar que rige un tope para la máxima, salvo para los exceptuados, los “privilegiados” que han mantenido su régimen a pesar de la cháchara nac&pop, que pertenecen al Poder Ejecutivo, la Corte, las Fuerzas Armadas, la Cancillería y los clérigos. Cristina Kirchner y sus jubilaciones y pensión es testimonio, con su beneficio de casi 100 veces la mínima.

El gobierno ha perpetrado esta fechoría contra los adultos mayores, discutida punto por punto con el FMI. Presenta este índice como superior al del gobierno de Cambiemos. Son unos hipócritas, ya que ellos mismos votaron a mano alzada esa fórmula y el robo de dicho período, mientras se llevaba adelante la brutal represión del 14 y 18 de diciembre del 2017

Raverta, Guzmán y los Fernández transfirieron $98.700 millones sobre la base de haber suspendido la fórmula de movilidad y realizar los ajustes por decreto. Cuánto perderán los jubilados respecto de la inflación real de este año es una historia a escribirse, pero la contradicción entre el número del Presupuesto 2021 (29%) y la previsión del Banco Central (50%) dan la pauta de la dirección de la política económica en curso. Y, particularmente, por donde ajustarán el gasto público para entrar en los parámetros del FMI y, digámoslo, del conjunto de la clase capitalista criolla, socia menor de los monopolios imperialistas.

La CGT ha ido suelta de cuerpo a la Mesa de Precios y Salarios, tragándose el sapo, deliberadamente, de que los salarios aumentarán algunos puntos por encima de la inflación y que no habrá techos. Pero claro, de la inflación prevista, no de la real, por eso se oponen furiosamente y ni se habló de cláusulas de actualización automática por costo de vida. Eso, prohibido. Y bien mirado es la extensión del robo a los jubilados, extendido a todos los trabajadores: disociar la evolución de salarios y jubilaciones de la inflación real.

De ese modo encara la burguesía y su gobierno, el del Frente de Todos, la lucha contra la inflación. No nacionalizando la energía, el petróleo y el gas para terminar con los naftazos; no estableciendo el monopolio del comercio exterior para que los precios de los alimentos respondan a los costos; no abriendo los libros de los formadores de precios al control obrero; no nacionalizando la banca para terminar con las tasas usurarias del capital financiero.

No, nada de eso. Afrontan la inflación atacando el sistema jubilatorio y los ingresos de los trabajadores. Y como el objetivo es “bajar costos laborales”, hay un festival de subsidios de la Anses a las patronales, empezando por la rebaja o directamente la exención de aportes. Miremos si no las paritarias, plagadas de importes no remunerativos, o la catarata de exención de aportes dispuesta por la pandemia.

La CGT y las CTA han ignorado el reclamo de las jubilaciones en su reunión para el bochornoso minipacto social que intentan articular en medio de semejante escalada inflacionaria. Tampoco han planteado la anulación definitiva de Ganancias en los salarios y ni hablar en las jubilaciones, donde se trata directamente de una doble imposición, sobre salarios diferidos que ya tributaron durante la vida activa.

Desde el clasismo y las organizaciones autoconvocadas de jubilados nos planteamos una lucha de conjunto con un programa. Por una jubilación mínima de $55.000, equivalente a la canasta básica. Por la movilidad automática, basada en el IPC, por el 82% móvil, por la reposición de todos los aportes patronales rebajados en los últimos 20 años, por el fin del trabajo en negro, por un salario equivalente a la canasta familiar. La unidad de ocupados, desocupados y jubilados es una cuestión estratégica para enfrentar un régimen de hambre, entregado al FMI. Impulsamos la deliberación, la organización y la lucha sobre la cuestión previsional, no solo entre los millones de jubilados afectados, sino entre toda la clase trabajadora, en sus sindicatos. Y muy especialmente en el movimiento piquetero, donde los beneficios sufrirán en marzo la misma poda que millones de jubilados.

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