Dentro de ese refrito de reformas anteriores que es la declaración de emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli anunció que se construirán cuatro cárceles y ocho alcaidías nuevas para alojar a dos mil presos más. Un negocio rendidor para la patria `constructora`, que le costará a la provincia unos 500 millones de pesos. Ese dinero se sumará a los 600 millones por la compra de patrulleros nuevos y a lo que costará reincorporar a cinco mil policías retirados. De ese modo engordará el presupuesto del Ministerio de Seguridad, que ya tenía asignados este año 14 mil millones de pesos.

Scioli anunció, además, que enviará proyectos para limitar o suprimir las excarcelaciones, de acuerdo con el discurso presidencial repetido por toda la derecha: los presos “entran por una puerta y salen por la otra”. Sin embargo, desde 2007, cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia por primera vez, la población carcelaria en la Argentina pasó de 52.457 a 62.263 presos. Diez mil presos más. De esos 62 mil y pico, el 52 por ciento no tiene condena, lo cual indica que las excarcelaciones ya están limitadas en extremo. Puede obtener una excarcelación quien tenga dinero para pagarse un abogado; el que no lo tiene, no.

Pero tampoco ahí está el centro del problema. Construir nuevas cárceles equivale a poner en pie nuevos centros de organización del delito, que eso son los penales argentinos. Adentro de las cárceles hay de todo un poco: drogas, alcohol, sexo pago, lo que se pueda pagar, manejado todo por los servicios penitenciarios. También hay un régimen de terror que sostiene esos negocios. En 2008, por ejemplo, hubo 113 denuncias por torturas en las penitenciarías, y el año pasado 846. Por supuesto, los casos denunciados son una minoría ínfima en relación con los que realmente ocurren.

“Régimen de salidas”

No hacen falta las excarcelaciones para que los ladrones reincidan. Sistemáticamente, los reclusos son obligados a salir a robar para el servicio penitenciario, o pagan para hacerlo. No es de ahora: esas salidas explotaron en la tapa de los diarios en 1998, cuando un policía que custodiaba un restaurante en Palermo fue asesinado por dos ladrones que resultaron ser dos presos del penal de Devoto. En la vieja cárcel de Caseros funcionaba un desarmadero de autos robados por cuenta del Servicio Penitenciario Federal. Eso son las cárceles argentinas, y ahora Scioli quiere construir más.

Otro negocio de los penitenciarios y de la policía son las fugas, tanto de penales como de comisarías. Se ha llegado al ridículo de mostrar por televisión un boquete por el que supuestamente se habían fugado trece presos del penal de Ezeiza, en agosto del año pasado. Ese boquete tenía un diámetro de 40 por 22 centímetros, por el que no hubiera pasado el cuerpo de un niño pequeño. Por supuesto, esos trece reclusos, bien robustos ellos, habían salido por la puerta. Solo en el último año se escaparon decenas de presos de penales y comisarías. Hugo “la Garza” Sosa, de la banda de Luis Valor, a quien apodan “el rey de las fugas” (se escapó cinco veces) lo dijo sin vueltas: “Siempre que me escapé, pagué”.

En esos sumideros que son las cárceles en la Argentina se hacinan 38 mil jóvenes de entre 18 y 30 años, todos ellos pobres, casi la mitad con el primario incompleto. Pertenecen, en general, a esa franja explosiva de 1,5 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. De ahí que Scioli y la derecha inculcan la idea de que quienes roban son los pobres.

Obviamente, los ricos no “salen de caño” a matar por monedas. Los ricos vacían bancos, lavan dinero, contrabandean en gran escala, estafan al fisco y ese tipo de cosas. Pero se debe subrayar que en las villas la policía somete a los jóvenes al terror permanente del gatillo fácil o la apretada y, según un cúmulo de denuncias, hostigan de manera especial a los chicos que estudian. Los empujan al delito, a robar para la comisaría o a ser “soldados” de los narcos. Resulta obligatorio recordar el caso emblemático de Luciano Arruga, a quien la policía hizo desaparecer por negarse a robar para la cana. Al poner en la calle más policía, la “emergencia” de Scioli va a empeorar el problema.

La inseguridad en que vive la población trabajadora no tiene solución si no se ataca la cabeza del problema: el poder estatal corrompido, la policía y los servicios penitenciarios que controlan y organizan el delito, y los bancos que lavan el dinero del narcotráfico. Lo contrario, aumentar el número de policías y de cárceles, implica incrementar el delito y reforzar un aparato represivo que solo se emplea eficazmente contra la lucha de los trabajadores.

A. Guerrero