La Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires acaba de actualizar la canasta básica del adulto mayor a noviembre de este año, es decir el costo de los insumos considerados imprescindibles en la vida de un jubilado. El monto da una suma de 6.720, 37 pesos, un monto que más del 70% de los jubilados no llega a percibir. El haber mínimo del jubilado, de bolsillo, es de 3.134,68 y lo percibe un 53%, a lo que hay que sumarle un 17% del segundo escalón de ingresos por debajo de esa cifra y los acogidos a la moratoria.

El gobierno otorgó un aumento del 17,21% a partir de septiembre. Si se suma al 11,31% de aumento otorgado en marzo y se calcula a septiembre el alza anual, el aumento en 12 meses fue del 30,5%. En el año, el jubilado perdió 10 puntos de ingreso, considerando una inflación del orden del 40%, una cifra absolutamente responsable si se toma en cuenta que la masa mayoritaria de jubilados vuelca su ingreso a la canasta alimentaria -que ha subido en ese orden.

Este es el primer año, desde la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria, en que los aumentos no compensan la jubilación. Como lo enunció el juez Herrero, de la Cámara de Seguridad Social, en la carta que envió a la audiencia pública en la que se presentó el proyecto de aumento de emergencia del PO-Frente de Izquierda la llamada ley de “movilidad jubilatoria” de “movilidad” no tiene nada.

Se han dejado de lado “los ingresos de los trabajadores activos como pauta de la movilidad, en un giro copernicano”, cambiándola por “los porcentajes de aumentos a las jubilaciones mínimas otorgadas por el Poder Ejecutivo”. La ley determina los aumentos en base a una fórmula de movilidad que toma en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación de impuestos. Es decir que la evolución de las jubilaciones está condicionada al aumento o disminución de los recursos tributarios.

La encuesta de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires ha venido a mostrar la absoluta vigencia del reclamo de un aumento de emergencia de 3.000 pesos. Matemáticamente, los 3.000 pesos, sumados al haber mínimo, da la canasta básica de la Defensoría.

El reclamo de los 3.000 pesos de emergencia está respaldado por un proyecto del PO-Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, que contó con el apoyo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados (CTA Autónoma), del Movimiento Nacional de Jubilados y Pensionados (vinculado con la CGT opositora) y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Llamamos a organizar en torno a este reclamo un movimiento de lucha, a partir de asambleas que integren a las organizaciones que pelean por los reclamos de la tercera edad, incluyendo a todos aquéllos -abogados, defensorías, jueces de la seguridad social- que están haciendo escuchar los reclamos de los “viejos”. Lancemos una campaña de agitación masiva por los 3.000 pesos.

Convirtamos el aumento de emergencia para los jubilados en consigna nacional.