El Indec acaba de publicar los últimos datos sobre la evolución de la distribución del ingreso en el país. El informe se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares y corresponde al segundo trimestre 2021. Dicho estudio ilustra la naturaleza profundamente desigual de la sociedad en la que vivimos, donde el ingreso per cápita familiar del 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo es 16 veces más alto que el ingreso per cápita familiar del 10% de los hogares más pobres. A su vez, aparece nítidamente cómo los ingresos individuales de la mayoría de la población están completamente divorciados del costo de vida.

Del ingreso total, el 23,5% corresponde al 10% de los hogares más ricos mientras que el 10% de los hogares más pobres recibe apenas el 3%. Por otra parte, los hogares pertenecientes al estrato social considerado “alto”, cuyos ingresos mensuales -per cápita familiar- van desde los $115.000 hasta los $1.197.000, concentran más de la mitad (el 50,6%) de los ingresos totales de la población.

Por otro lado, si analizamos los ingresos individuales de las personas que cuentan con uno (el 58,6% de la población), observamos que, en promedio, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, la cual se ubica en los $68.359. De conjunto, el ingreso medio individual es de $43.907. En el caso de los asalariados (8,7 millones de personas) es de $47.232, y, en los no asalariados, (jubilados, beneficiarios de programas sociales, cuentapropistas, etc.) el promedio desciende a los $38.236. A esta última categoría la conforman 3,3 millones de personas.

Dentro de la población asalariada, la peor parte se la llevan aquellos sin descuentos jubilatorios (el 30,2%), es decir, los trabajadores sumergidos en la informalidad laboral. En este caso, el ingreso medio es de $24.225, cifra que yace por debajo de la línea de indigencia, calculada en $29.213. Sin embargo, otro dato alarmante del informe es que el ingreso promedio de los trabajadores registrados (con descuentos jubilatorios) tampoco llega a cubrir la canasta de pobreza, ubicándose en los $57.443. Como si esto fuera poco, el 70% de los asalariados tiene ingresos mensuales inferiores a los $55.000.

Por otra parte, el informe arroja que más del 80% de las personas percibe ingresos mensuales inferiores a los $60.000 (por debajo de la línea de pobreza) y el 50% cuenta con ingresos que no superan los $25.000 por mes (por debajo de la línea de indigencia). En el caso de los hogares, más del 50% no llega a cubrir la canasta de pobreza y más del 10% se haya sumido en la indigencia. A su turno, el 50% de la población ocupada posee ingresos mensuales por debajo de los $35.000.

Todos indicadores que ilustran una crisis social de magnitud, donde capas enteras de la población se hunden cada vez más de en la pobreza. Las causas de esta catástrofe hay que buscarlas en los preceptos del FMI a los cuales se ha abrazado el gobierno, en pos de arribar a un acuerdo, y que continuarán guiando la política oficial como consecuencia inevitable del rescate de la deuda. Por lo tanto, desconocer esta hipoteca ilegítima es una necesidad de primer orden para terminar con el ajuste y subsanar las condiciones de vida de las mayorías.

Es preciso un salario mínimo de $70.000, paritarias indexadas a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para que no haya desempleo. Fuera el FMI, no al pago de la deuda usuraria. Este programa es el que defendemos desde el Frente de Izquierda Unidad para construir una salida de los trabajadores a la crisis.

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