El fracaso de la sesión especial por los despidos merece un debate y una conclusión por parte del movimiento obrero.

Que la segunda sesión legislativa en cinco meses de gobierno para tratar una ley (sólo sesionamos por el pacto buitre) haya sido convocada por la oposición; que se haya postergado la agenda parlamentaria del gobierno y que se haya roto el abanico de fuerzas que votó el endeudamiento, habla de una crisis de la “coalición parlamentaria ley por ley”. Tampoco resultaría indoloro para el gobierno el veto a una ley que coloque algún tipo de obstáculo al despido, razón por lo cual la burguesía y el gobierno trabajan por neutralizar y -si es posible- liquidar su tratamiento. Dentro de estas maniobras, está la propia ley “corta” del Senado, de alcances aún inferiores a los dictámenes que ya tenían aprobación en Diputados. Esa operación fue encabezada por el FPV bajo la iniciativa de Pichetto, el hombre que le dio la victoria aplastante a Macri en la ley buitre.

Pero más allá de estos elementos de crisis, la “parlamentarización” del reclamo contra los despidos le ha dado a la burocracia sindical la coartada para evitar un paro general, y para disimular la entrega de cada lucha parcial. No olvidemos que el año empezó con la sonora represión a los obreros de Cresta Roja, un choque que resultaría insostenible sin maniobras de contención para hacer pasar el ajuste, para lo cual hubo que apelar a la infaltable burocracia sindical. Macri ha tenido ya tres reuniones con ellos, y después del “retiro” de la Casa Rosada con enojos, en ocasión del acta (trucha) de intención empresarial para no despedir, sobrevino un discreto desayuno entre Peña, Triaca, Santilli y Moyano (Clarín, 13/5).

 

Los despidos en la agenda política

Es falso que la cuestión de los despidos haya sido colocada en la agenda por las centrales cuando fueron a Diputados el 30 de marzo; ni siquiera en la marcha del 29 de abril, aunque masiva, sin paro y dominada por aparatos. Fue instalada a partir de una serie de durísimas luchas, como la huelga fueguina de 75 días, los paros y piquetes de Santa Cruz, el paro nacional estatal del 24 de febrero, las luchas de Cresta Roja y el Grupo 23 y más recientemente por el enorme paro y movilización de Comodoro Rivadavia, justamente por los despidos en la industria petrolera. Los paros generales bancarios, aunque encuadrados por la burocracia del sindicato, obligaron a la reincorporación de los despedidos del Central y el Provincia. (La moneda de cambio fue cerrar una paritaria por debajo de la inflación, en una actividad de ganancias obscenas y sin cláusula de actualización alguna).

En este cuadro, se produjo lo que algunos medios llamaron “unidad histórica” de la fracturada burocracia sindical, acudiendo al parlamento. La audiencia fue montada por Massa y la “denunciadora” Stolbitzer, dos que desertaron de la sesión especial del 12. El carnereaje del massismo incluyó al propio Facundo Moyano, lo cual retrata hasta qué punto llega el acompañamiento de la burocracia al ajuste oficial. La excepción que confirma la regla fue Héctor Daer, que insinuó su ruptura con el FR.

Lo que viene, aunque no sea menor para Macri, es anecdótico. Si Massa no acuerda con Cambiemos el rechazo total, y si Cambiemos no acepta votar las cláusulas que prohíben despidos y suspensiones por seis meses con opción del trabajador a doble indemnización, algo difícil para el bloque del presidente de la “seguridad jurídica”, podría ganar el proyecto tal cual vino del Senado. Pero ya está en marcha una negociación del PJ-FPV con Massa para un proyecto conjunto.

El peronismo y el conjunto de los bloques capitalistas coinciden en la “protección a las Pymes para generar empleo”. Esta política de “empleo joven” encaja con la estrategia de Macri (ver el artículo “La Ley Triaca”, PO 1410) de abaratamiento de costos laborales. Se trata de un planteo de fondo para descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores, compensando los otros costos que surgen de los brutales desequilibrios de la crisis capitalista: el usurario costo financiero, los tarifazos, etc.

 

Los trabajadores con las manos vacías

Como este planteo no escapa a los gobernadores ni al pejotismo, es posible que la ley del Senado cambie y vuelva a la cámara alta como ley “mixta”, con cláusulas contra el despido y con otras de subsidio a las Pymes. Gioja ya promovió esa salida adentro del FPV. En ese caso, Macri aplicaría el veto parcial contra la cláusula “antidespido”.

De todo este minué parlamentario, los trabajadores salen con las manos vacías, mientras avanzan los despidos y las suspensiones que auguran nuevos despidos. Los despidos han continuado después del acta de Macri en la Rosada (Clarín, 14/5) y el bloque Justicialista ha denunciado 268 mil cesantías desde noviembre 2015 hasta fin de abril.

La política de la burocracia es un fracaso anunciado, y debe ser denunciada. Alertamos sobre un paro –aislado y de compromiso- de “repudio” al veto, que sería otra mera maniobra de descompresión. Impulsamos la deliberación en el movimiento obrero por un plan de lucha y por un programa de reivindicaciones contra el ajuste. Denunciamos las paritarias a la baja sin lucha como todas las que se firmaron en la construcción, UOM y tantos gremios. En contraste con ello, hemos tenido la huelga universitaria encabezada por Conaduh y la gran marcha educativa.

Guiados por esta política seguiremos nuestra lucha parlamentaria. La última ley de estabilidad privada fue la de bancarios, liquidada por la dictadura, repuesta por el parlamento en 1985 y vetada por Alfonsín. Los tiempos de estabilidad laboral están agotados para el capitalismo actual. La estabilidad constitucional del estatal fue aniquilada por la precarización, de la cual el kirchnerismo dio cátedra con los transitorios, contratados y los locadores de servicios. Menos que menos en el cuadro del ajuste en curso, hay posibilidad alguna de que verdaderas cláusulas antidespidos vean la luz del boletín oficial como ley.

Nuestra intervención y nuestro proyecto antidespidos, lanzado a días de la asunción de Macri y sobre el principio del reparto de las horas sin afectar el salario, constituyen un punto de apoyo a la lucha del movimiento obrero y por un plan económico de los trabajadores.