La “herencia recibida” ante un recambio de gobierno no sólo es la deuda externa y la debacle social. Por caso las políticas petroleras, y en particular sobre Vaca Muerta, vienen siendo alegremente heredadas: el acuerdo secreto y leonino de Axel Kicillof con Chevron fue acogido por el macrismo, la reforma flexibilizadora del convenio petrolero ha sido tomadas como modelo por Alberto Fernández, y hasta la militarización de Bullrich fue saludada.

El congelamiento del precio de los combustibles, sin embargo, puso en crisis todo este esquema. Para que no queden dudas, Fernández se sumó a las petroleras y los gobernadores que pusieron el grito en el cielo y fueron a la Justicia a reclamar contra la medida. Es que, a la uruguaya o la portuguesa, uno de los pilares del Frente de Todos para hacer frente a la factura de una deuda colosal de casi 400.000 millones de dólares, es ofrecer como garantía de repago una nueva ley petrolera como la que impulsó el negocio petrolero norteamericano.

La redacción del proyecto está en manos del economista ortodoxo Guillermo Nielsen, junto a asesores de las principales trasnacionales que operan en la Argentina y directivos de la misma YPF macrista. Fernández se prepara para empeñar el reloj de la abuela colocando (como ya lo hizo Macri) a Vaca Muerta como principal motor de “un futuro de exportaciones de gas licuado, petróleo y derivados”. El menú sería: libre remisión de utilidades, políticas fiscales blandas, jurisdicción externa ante posibles conflictos, vía libre a la tercerización laboral y contratos secretos al estilo Chevron. Todo esto contaría con el visto bueno del burócrata sindical petrolero Guillermo Pereyra.

El objetivo del remate y la superexplotación de los recursos en Vaca Muerta (incluida la fuerza de trabajo) es abastecer la demanda interna para achicar la importación de combustibles y aumentar un 50% las exportaciones, en busca de dólares para saciar la voracidad de la deuda externa.

Contradicciones

Si bien Vaca Muerta es el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo y el cuarto en petróleo no convencional, los costos de su explotación son muy superiores a las de su competidor texano Permian en Estados Unidos. Ello buscó ser salvado mediante subsidios estatales extraordinarios, que elevaron el precio de 3 a 7,5 dólares el millón de BTU (Plan Gas de Kicillof). Es decir que Vaca Muerta es por ahora es una sangría de recursos estatales que llena las carteras de los pulpos Shell, Chevron, ExxonMobil y Tecpetrol (Techint), entre otros, y de monopolios industriales derivados del sector como la petroquímica Dow Chemical o la arenera belga de Arenas del Paraná -que monopoliza las arenas para fractura hidráulica.

En este escenario, los voceros del próximo gobierno prometen desdolarizar las tarifas, habiendo tomado nota de su inviabilidad. Resulta que la economía argentina es carburo dependiente, y la dolarización tarifaria eleva los costos de bienes y servicios del resto de la industria. Pero ese planteo es contradictorio con las críticas al congelamiento del precio de los combustibles. Son muestras de que la burguesía es incapaz de sostener la explotación petrolera sin la asistencia estatal.

Este cúmulo de contradicciones de las propuestas de los Fernández-Fernández deberán ser puestas a prueba bajo el fuego de la guerra comercial entre Estados Unidos, China, y otro gigante del gas como Rusia.

Potencian el saqueo

El plan económico FF es un callejón sin salida y una vergonzosa entrega que condena a los trabajadores a sostener este andamiaje semicolonial sobre los recursos del país. Matías Kulfas, otro economista del Frente Todos, los confirma al plantear "un acuerdo económico y social para bajar la inflación y mejorar la productividad” (La Nación, 27/9) en las zonas petroleras y mineras.

Por otro lado, el objetivo de Vaca Muerta como pilar de exportaciones, anuncia la potenciación del impacto ambiental y refuerza el carácter fuertemente contaminante de la producción nacional (85% de la energía proviene de combustibles fósiles). De hecho, ya se registraron más de 4.000 incidentes ambientales desde 2015. Además, junto con las garantías especiales al fracking de Vaca Muerta, Alberto Fernández promueve incentivos a la megaminería.

Hay que terminar con este saqueo a los recursos del país, sobre la base de la superexplotación de los trabajadores, otorgando beneficios excepcionales a los pulpos imperialistas, y todo para dar garantías del pago de la deuda externa. Le oponemos la nacionalización integral de los hidrocarburos, bajo control obrero, para encarar un desarrollo autónomo y sustentable basado en la satisfacción de las necesidades sociales de la población trabajadora.