La ministra de Salud, Graciela Ocaña, “fue la que más le compró a (Sebastián) Forza”, declaró Rubén Romano, ex gerenciador del Pami (Crítica, 14/9). Casi enseguida, Ocaña denunció a Romano y a la empresa del asesinado Forza “por fraude con la venta de medicamentos” (Clarín, 20/9) ¿Se enteró ahora la señora? Prensa Obrera ya hablaba de esos fraudes hace tres semanas, pero la ministra presenta su denuncia después de que Romano la denunciara a ella, mientras la jauría “opositora” habla del asunto en un medio tono muy llamativo.

Paralelamente, Ocaña se pelea con el superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, quien denunció que la ministra puso a Forza al frente del comité de acreedores del Hospital Francés.

Ocaña dice que el aborto es “un problema policial”, pero está visto que el problema policial es ella; y, puesto que de una ministra se trata, el problema es político: la permanencia de esa mujer en el Ministerio de Salud es un insulto al pueblo trabajador argentino. Pero no sólo la de Ocaña.

Ahora, el intendente de General Rodríguez, el kirchnerista Marcelo Coronel, destruyó adrede, con topadoras municipales, el lugar donde aparecieron los cadáveres de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, un camino de tierra que los lugareños llaman “ruta 47 vieja”. Coronel emparejó el camino, derribó árboles y cortó ramas, para que no quedara nada.

“Da la casualidad que se acordaron de limpiar después del crimen y sólo ese camino. No se hizo nada sobre el callejón, donde hay decenas de pozos”, dijo en General Rodríguez el ex policía Alberto Molina (Clarín, 20/9). No se preocuparon ni por disimular.

“Los trabajos en esa zona aún no terminaron. Fue apenas el comienzo. Una pura casualidad”, se burló un portavoz de Coronel (ídem).

Aquí hay un pacto mafioso que involucra a los poderes del Estado. Coronel era, hasta la explosión del escándalo de la efedrina, un visitante habitual de la Casa Rosada y una pieza más o menos importante del armado punteril del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ahora nadie lo recibe porque su suerte está casi echada, pero, encubierto por el gobierno al igual que Ocaña, hace lo que puede para no terminar preso.

Estos socios del delito no pueden permanecer en sus puestos, pero tampoco es permisible que entreguen alguna cabeza de turco. Esta gente es responsable de la inseguridad pública y por eso resulta indispensable que asambleas vecinales tomen el asunto en sus manos no sólo para echarlos. Es preciso investigar lo que el gobierno, la Justicia y la policía pretenden tapar.

Los cubre la mugre

Ocaña intenta salvar su pellejo y le apunta al que pasa, pero ella convivió y negoció con la mafia desde sus tiempos de interventora en el Pami. La encubren todos porque todos están hasta las manos, incluida la burocracia sindical por medio de las obras sociales (Comercio y UOM, entre otras) involucradas en el negociado de la venta – con sobreprecios, además-  de medicamentos adulterados o vencidos. Con las obras sociales caen grandes laboratorios (Abbot), cadenas de farmacia y empresas de medicina prepaga.

La crisis política abierta con las derivaciones del triple crimen promete llegar a nuevos extremos. No pueden salvarse todos porque la salvación de unos sólo es posible a costas del hundimiento de otros.

Por ejemplo, la denuncia de Ocaña obliga a investigar a Capaccioli, recaudador de campaña del matrimonio presidencial, y por eso éste recuerda los vínculos de Ocaña con Forza. Capaccioli, conviene recordar, es el que mandó una patota kirchnerista a golpear a los trabajadores del Hospital Francés, cuando José Luis Salvatierra era su interventor. El Francés fue estafado con compras fraudulentas a Forza y a otros traficantes de medicamentos. Traficantes también, según todo indica, de precursores químicos para el cartel de Sinaloa.

Todos esos narcos y falsificadores “cotizaron” para la campaña kirchnerista por medio de Capaccioli. Forza, se sabe, puso 200 mil pesos; su “asesor” Julio Pose (sospechado de ser un buchón de la DEA), arrimó 150 mil; otros 750 mil pesos aportó Carlos Torres, presidente de San Javier y dueño de Multipharma; Unifarma contribuyó a la bolsa K con 100 mil pesos y el “suicidado” Ariel Vilán con 160 mil.

La prudencia con que los “opositores” tratan estos asuntos parece indicar cuánta razón tiene Elisa Carrió cuando dice que “el narcotráfico financia a la política”. Sería interesante que algún juzgado citara a la jefa de la Coalición Cívica para darle ocasión de explicarse, aunque nadie escupe hacia arriba.
Están hasta las manos y algo más.

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La marca de la gorra

Uno de los socios del asesinado Sebastián Forza era el ex policía bonaerense José Luis Salerno, quien supo prestar servicios, precisamente, en la zona de General Rodríguez donde tenía su depósito de efedrina el ex secretario de Desarrollo Industrial de la municipalidad local, Manuel Poggi, ladero del intendente Coronel.

Salerno fue policía antes de entrar en el negocio de las droguerías y la efedrina, pero los medios de prensa señalan que el hombre mantiene contactos muy aceitados dentro de la fuerza y, ahora se sabe, los tres empresarios asesinados iban a menudo a esa zona, donde aparecieron sus cadáveres.

Además, en el expediente judicial están registradas conversaciones telefónicas de Forza con oficiales de la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Y si, como ha trascendido, Forza o su “asesor” Julio Pose eran informantes de la DEA, el cuadro se completa.

Seguramente no le falta razón al abogado de las viudas, Miguel Angel Pierri, cuando sostiene que “Salerno tiene mucho más para decir” sobre lo sucedido.

También deberían dar explicaciones las autoridades de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que depende directamente de la presidencia de la nación. Tendrían que decir, por ejemplo, cómo y por qué el ahora prófugo Héctor Germán Benítez, inscripto en la Afip como “vendedor al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros”, obtuvo en 24 horas permiso para comprar y vender efedrina, pseudoefedrina, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y sal, todos precursores para elaborar éxtasis. Ese trámite, aun para la gente del ramo, demora no menos de diez días.