Alan García, el masacrador de El Frontón y Lurigancho en julio de 1986, ha vuelto a las andadas y ordenó ahora el asesinato de por lo menos 25 indígenas que cortaban una ruta en la Curva del Diablo, provincia de Utcubamba, en el departamento Amazonas, a 1000 kilómetros al nordeste de Lima. Al mismo tiempo, García intenta organizar una provocación en regla contra el gobierno boliviano, al “denunciar” -como si fuera un delito y no una obligación democrática- que Evo Morales habría dado asilo político a uno de los dirigentes campesinos perseguidos por la policía peruana. En la misma línea, Lima dice que ha detectado “influencia extranjera” en la lucha de los indígenas rebeldes.

Los campesinos, indígenas de la nación awajún, llevaban tres semanas de bloqueo a la ruta Fernando Belaúnde Terry en reclamo de la derogación de una decena de decretos legislativos (leyes), dictados en favor de hacendados y multinacionales agrícolas y en perjuicio del medio ambiente del cual viven esos pueblos.

“Uno de esos decretos es una Ley Forestal, que la prensa peruana llama Ley de la Selva, y que ya fue declarada inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso. Pero el jueves (4 de junio) la bancada oficialista del Legislativo se opuso a debatir la derogatoria de las medidas, lo que alejó la tregua con los indígenas. Al día siguiente la situación explotó” (Crítica, 6/6).

A.G.