La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer la condena a cinco años y 8 meses de prisión al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusado de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Tampoco podrá volver a ocupar cargos públicos. Fue por la causa vinculada a la Masacre de Once, en febrero de 2012, cuando la política de vaciamiento en los ferrocarriles llevó a la muerte de 52 personas. Por ese hecho, fueron declarados culpables los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Claudio Cirigliano, entre otros. Hasta el momento De Vido seguía impune: la condena es por fraude al Estado, pero no por la responsabilidad de las muertes.

Los familiares de las víctimas dieron una lucha incansable contra el Estado, que luchaba por su autopreservación y mantener la impunidad sobre los responsables. Desde el Partido Obrero denunciamos los negociados en el ferrocarril en tiempo real, desde mucho antes de la Masacre de Once. Ya en octubre de 2010, la patota de la burocracia sindical ferroviaria se cobraba la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra, para continuar defendiendo el negocio de las tercerizadas y la precarización laboral. El gobierno no tomó cartas en el asunto.

La confirmación de la condena a De Vido se enmarca en una avanzada de las causas judiciales contra la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y se cierra sobre su círculo más cercano.  “No esperaba otro fallo. Está todo calculado, todo en manos del lawfare. Después de 24 años al lado de Néstor y Cristina, me sorprenden pocas cosas… me sorprende por ejemplo que pronostiqué que esto pasaría y que luego sucedió de forma casi cinematográfica”, dijo el exministro. Este elemento es uno más de las presiones judiciales para que el gobierno cumpla efectivamente con todas las recetas del ajuste que reclama el Fondo Monetario y todo el régimen que incentiva este pacto.

Aunque la Corte realice estas presiones sobre el gobierno, y quienes son los responsables del vaciamiento ferroviario y el negociado con la obra pública, la corrupción implica a todo el régimen político, no es un elemento privativo del kirchnerismo. Solo recordar las causas que pesan sobre el propio Mauricio Macri, como la de los Panamá Papers o la del Correo. Como expresamos en Prensa Obrera, hoy en día las “causas de la corrupción” ocupan un lugar clave para el imperialismo estadounidense en la región, ya que se pone en cuestionamiento que sobrevivan sectores enteros de la clase capitalista y sus negociados.

Finalmente, la pelea de los trabajadores contra el entramado de los empresarios, la burocracia sindical y los funcionarios debe continuar. Hasta que finalice la impunidad de todos y cada uno de los beneficiarios de todo el régimen de corrupción, los capitalistas.

La nacionalización del sistema de transporte bajo control de los trabajadores está a la orden del día, para terminar con los negociados, la precarización y las masacres.