Las indagatorias de los imputados dejaron en claro que la estrategia defensiva radica en victimizarse, fraguar datos y mostrarse sorprendidos por ser los protagonistas de la acusación.

El dueño de la concesión de TBA, Sergio Cirigliano, declaró por primera vez en la causa. Su estrategia de defensa fue elemental: acusó al juez Bonadío, a los fiscales y atribuyó al maquinista toda la responsabilidad del choque. Del incumplimiento de las inversiones culpó al Estado por frenar todos los planes de inversión, exculpando a las empresas.

Las concesionarias ferroviarias son gestoras de los subsidios del Estado, pero no utilizan un solo centavo de sus patrimonios. Reciben subsidios operativos para el funcionamiento diario del servicio y se quedan con la recaudación. Cuando se realiza cualquier obra de mantenimiento o inversión, la factura la paga el Estado. Este mecanismo quedó claramente al desnudo en el juicio de Mariano Ferreyra.

A través de su empresa, Plaza, los Cirigliano, que controlan 10 líneas urbanas, reciben en la actualidad unos 180 millones de pesos mensuales por compensaciones tarifarias por parte del Estado. Lo que deja al desnudo que la sociedad del grupo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte goza de continuidad y vigencia.

El turno de los funcionarios

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, eligió el camino de la victimización y en su declaración levantó un latiguillo conocido: “Esto es un juicio político, no una acusación jurídica”. Reafirmó que su cargo como ministro fue en directa conexión con el matrimonio K, para terminar afirmando que Néstor dio la vida por levantar al país luego de 2002 y trabajo incansablemente por la mejora del transporte  ferroviario.

La indignación de las víctimas se mostraba en el silencioso levantamiento de los carteles de justicia en cada tramo de su declaración.

“Durante dos años me pregunté por qué estoy en este juicio“, dijo.

Su declaración fue en el mismo sentido que el resto de los acusados: cargó contra el juez y el fiscal, y finalizó culpando al maquinista por el choque que dejo 51 muertos.

Por último, para deslindar su responsabilidad, afirmó que el manejo de los subsidios recaía en el Ministerio de Planificación. La estrategia de echarle la carga del manejo de los fondos públicos a Julio de Vido -que “oportunamente” no está imputado-  fue la única nota diferencial de su defensa.

Eduardo Antonio Sícaro, hombre de Randazo e interventor de la CNRT en el momento de la tragedia, omitió en su declaración hacer referencia a los alarmantes informes que había elevado al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi sobre los serios problemas de mantenimiento de la línea ferroviaria Sarmiento. No explicó por qué, pese que el decreto 1388/96 faculta a la CNRT para emitir órdenes de emergencia a las empresas ferroviarias e interrumpir las operaciones de servicio de trenes en situaciones de riesgo, no lo hizo.

Juan Pablo Schiavi se mostró como un buen señor y sufriente padre de familia, y empezó pidiendo disculpas a los familiares y sobrevivientes de la tragedia, por sus dichos en el día del accidente.

En este punto, la indignación de los familiares no dio para más y se retiraron masivamente de la sala en un gesto claro de repudio al funcionario.

Durante más de una hora se refirió al presupuesto que se manejaba en la secretaría, atribuyendo la falta del mismo al poder legislativo y creyó importante enumerar como un logro de su gestión la tarjeta Sube. Admitió que era su potestad el control del funcionamiento del ferrocarril Sarmiento y, sin rubor, sostuvo que dicho control “se hizo muy bien”.

En la jornada del martes 23 comienza la producción de la prueba, que dejará al desnudo la trama económica y corrupta que hace a la naturaleza de las concesiones ferroviarias, y las numerosas advertencias del riesgo de un accidente que empresarios y funcionarios conocían en forma previa y fueron ignoradas para mantener el “sistema”, a costa de la vida de los pasajeros.

Claudia Ferrero (Apel)