En la causa principal de la masacre del Puente Pueyrredón, en la que murieron Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y resultaron heridos numerosos compañeros, aún se mantiene la fecha estipulada para el 17 de mayo de este año para el comienzo del juicio oral.

 

Aunque aún está pendiente la producción de nuevas pruebas periciales solicitadas por la defensa de Fanchiotti, que procura una y otra vez evitar lo inevitable, lo cierto es que cualquier demora en el comienzo del juicio nos colocaría de cara a un proceso electoral altamente explosivo en la provincia de Buenos Aires.

 

A ello se suma el papel de algunos sectores que están obligados a intervenir en la causa judicial por los hechos delictivos que se investigan por la masacre del Puente, revistiendo suma importancia el rol de las agencias de noticias y medios periodísticos gráficos durante aquel trágico 26 de junio de 2002. Como prueba de ello, sólo basta recordar la acción de unos y la omisión de otros de estos medios en la publicación de las fotos que permitieron reconstruir el instante mismo en el que era asesinado Darío Santillán.

 

Así, a casi tres años de la tragedia, sólo unos pocos han contestado el pedido de remisión de todas las publicaciones referidas al 26 de junio de 2002, mientras que la mayoría no lo ha hecho, argumentando que necesitan contar con mayores datos y precisiones sobre los hechos producidos aquel 26.

 

Ante esta vergonzante respuesta, no es un dato menor que estos sectores, operadores de opinión, intervengan en la crisis política existente entre los Solá, los Duhalde y los Kirchner, si consideramos que la citación a Solá y a Duhalde hasta el momento no fue resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

 

Sin lugar a dudas, el desarrollo de la feroz interna peronista bonaerense y nacional marcará el paso del juicio oral. Solá ya ha comenzado su defensa informando que, respecto de las aseveraciones periodísticas formuladas por Fanchiotti, “dispuso que la departamental Lomas de Zamora hiciese comparecer a mi despacho al funcionario que había estado operativamente a cargo del personal policial; (...) quien me brindó su versión de los hechos” (sic). Nada dijo respecto de los hechos delictivos del personal de la fuerza a su cargo, sólo refiere afirmaciones de otros, como si los hechos no les cupieran, mientras que las imágenes de la televisión mostraban a Maxi ya muerto en la estación, a Darío herido gravemente y a los funcionarios del gobierno nacional justificando la masacre.

 

La responsabilidad criminal de los funcionarios públicos es directa.

 

El conjunto de los movimientos de lucha, junto a la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón, de la cual forma parte Apel junto a los familiares de Maxi y Darío y organizaciones de lucha y derechos humanos, tenemos una cita de honor el próximo 17 de mayo, en el inicio del juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora, por el Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Avellaneda.