La cuestión de las tarifas estuvo presente dentro de los anuncios económicos de Massa. La novedad es que a los criterios que determinarán la quita de subsidios a los usuarios se añade un tope de consumo, que para la electricidad será de 400 kW. Por otro lado, la segmentación, que hasta ahora abarcaba al gas y a la luz, se extenderá al servicio de agua de red a partir de septiembre, que también estará sujeto a nuevos aumentos.

Lo anterior confirma que el esquema de segmentación es un puntal para imponer de manera progresiva un tarifazo generalizado. El documento oficial publicado ni bien se acordó con el FMI ya adelantaba que los requisitos para conservar la boleta subsidiada podían variar a lo largo del tiempo, sumando paulatinamente nuevos sectores al grupo poblacional con “tarifa plena”. Esto, sin la necesidad de llamar a audiencias públicas que autoricen esas modificaciones.

Al mismo tiempo, debe alertarnos que Massa haya hecho mención de que 4 millones de hogares perderían el subsidio, basándose en la cantidad de formularios enviados hasta el momento solicitándolo, cuando esa cifra representa al 30% de las boletas residenciales, e, inicialmente, se había hablado de un 10% que pasaría a pagar más que el resto.

Sin dudas, el nuevo tope al consumo como condición para mantener el subsidio es una reedición del “si están en remeras y en patas es porque están consumiendo energía de más” sostenido por Macri en su momento. Se intenta generar un relato de que los aumentos serían justos porque frenarían el supuesto derroche de los usuarios, cuando el único objetivo del gobierno con esto es arrimarse a las metas fiscales del FMI reduciendo subsidios, pero perjudicando únicamente a los trabajadores y sin afectar los intereses de las petroleras, generadoras y distribuidoras.

A su vez, cabe destacar que el desembarco próximo de la segmentación de tarifas en el terreno del agua potable -en función de habilitar nuevas subas- coincide con un recorte inminente en la obra pública para reforzar el ajuste fondomonetarista, que, entre otras cosas, seguirá privando a sectores enteros de la población de acceder a este servicio básico.

Sin embargo, es innegable que gobierno continúa recurriendo al “tarifazo por tramos” porque una política de shock podría desatar una reacción popular a gran escala, en un contexto de derrumbe salarial. Ahora bien, lo anunciado por Massa no alcanza para cumplir con los objetivos fiscales del FMI y el organismo presionará por tarifas más altas en cada uno de sus monitoreos trimestrales como condición para que no se caiga el acuerdo. Como vemos, la llegada de Massa al gabinete tendrá serias dificultades para sacar al gobierno de su empantanamiento, que es producto justamente de haber sellado un pacto incumplible con el Fondo que el nuevo superministro propone profundizar.

Es necesario avanzar en la apertura de los libros de toda la cadena energética, a fin de evaluar los costos reales, constatar a dónde fueron dirigidos los subsidios estatales que recibieron las empresas y establecer tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar la industria energética bajo control obrero y destinar ese recurso estratégico al desarrollo nacional. Mientras tanto, defendamos en las calles nuestro salario frente a los ataques en puerta.

 

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