Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich coinciden en el intento de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores. Gabriel Solano, candidato a presidente por el Partido Obrero y el MST, respondió en un comunicado a la propuesta, denunciando que se trata de un nuevo ataque a la juventud por parte de los responsables de que la miseria social sea masiva entre los jóvenes.

La propuesta no es nada nueva. Formaba parte de los planteos de las “Leyes Blumberg”, que agravaban las penas para gran cantidad de delitos penales, reducían las salidas transitorias y endurecían todos los aspectos de los procesos penales. Pero mientras el paquete de leyes de Blumberg, en general fue aprobado, los intentos parlamentarios de aplicar la baja de la edad de imputabilidad siempre naufragaron.

Massa hizo campaña en otros años proponiendo avanzar en este sentido. Mauricio Macri quiso aplicar una política de este tipo en 2017. Muchos años antes, en 2009, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó la baja de la edad de imputabilidad de los menores, que terminó por perder estado parlamentario.

El régimen penal juvenil fue instaurado en 1980, durante la última dictadura militar, y fijó la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Luego en 1983 este límite fue ampliado a los 16, pero se mantuvo el código que tiene características represivas contra la niñez. Este código permite que un niño menor de 16 años quede al completo arbitrio de los jueces, que tienen la potestad de internarlos en los institutos de menores.  Asimismo, en nuestro país, los jóvenes de 17 años pueden recibir condenas de cuasi cadena perpetua por haber cometido un delito, esto a pesar de que el país fue condenado por fallos de la CIDH por aplicar esta política.

O sea que ya se aplica una política represiva sobre la juventud y la niñez, que se trata de endurecer con la baja de la edad de inimputabilidad.

La juventud que hoy se penaliza, con más dureza que en el pasado, proviene de los barrios populares y llena cárceles cuya población bate récords año a año. Es una juventud golpeada por el 60% de pobreza, por la falta de vivienda, de oportunidades de trabajo por convenio y presa de las redes narco. El Estado que la condena a estas condiciones de vida, se rasga las vestiduras luego frente a los delitos de los jóvenes y explota demagógicamente la idea de que mayores penas pueden resolver la cuestión de la seguridad ciudadana. En realidad, el aumento de la población carcelaria año tras año, resultado del endurecimiento del sistema penal, ha ido en paralelo con un agravamiento de la inseguridad en los barrios.

Frente a esta situación, Gabriel Solano sostuvo que: “Para terminar con la inseguridad hay que atacar la complicidad entre el Estado, las bandas narcos y el delito organizado. Los robos y los delitos no podrían tener lugar sin la complicidad de las fuerzas policiales, que liberan las zonas y muchas veces son partícipes de movidas turbias, de las cuales recaudan dinero para nutrir sus abultadas cajas negras”. Una propuesta desde la izquierda que va en el sentido contrario de lo que pretenden los candidatos centrales de las coaliciones patronales.

Solano sostuvo también: “Para nosotros, la salida para la juventud pasa por la organización para pararle la mano a la violencia que viene del Estado, la violencia que tiene que ver con no tener para comer, la violencia que se ejerce cuando se priva a la juventud y la niñez de una vivienda digna, y la violencia que se ejerce directamente a través de la policía y las bandas narcos. Queremos que los narcos se vayan de los barrios. La organización en cada barrio es el único dique de contención frente a la barbarie que estamos viviendo, por eso defendemos al movimiento piquetero que lucha y organiza masivamente a la juventud de los barrios para tener un futuro”.

La incidencia de los menores en los delitos es ínfima. Por ejemplo, en 2021, los delitos cometidos por menores de 16 y 17 años en la provincia de Buenos Aires representaban un 3,2% de los cometidos por los adultos. Estamos ante la tentativa de reforzar un régimen de coerción contra la juventud. Las cárceles ya están llenas de jóvenes incluso sin baja de la edad de imputabilidad.

Si en algún momento se concretiza, las fuerzas represivas del Estado tendrán otro recurso más para perseguir a los niños en los barrios, además de las razzias y el hostigamiento y el gatillo fácil. Con todo esto se refuerza la capacidad de las fuerzas policiales de gestionar el delito, dándole más poder a las mafias policiales para el reclutamiento criminal.

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