Mientras el kirchnerismo busca revestir a Sergio Massa con una pátina nacionalista, en función de contener a su base electoral, el candidato de Unión por la Patria y Ministro de Economía volvió a ceder ante el FMI en pos de destrabar el desembolso solicitado, presentando una contrapropuesta más afín a las exigencias del organismo de crédito.

Según trascendidos, dentro de la misma figura el lanzamiento de un nuevo tipo de cambio preferencial para las exportaciones del agro, que incluiría en esta oportunidad a los cultivos de maíz, girasol, cebada, sorgo y arroz. A su vez, se anunciaría la aplicación del impuesto País  (del 30%) sobre la importación de “numerosos servicios y bienes suntuarios, pero estarán exceptuados los productos que se destinan a la canasta básica y los sectores vinculados a la energía” (Ámbito, 21/7).

Como vemos, esas medidas suponen un desdoblamiento cambiario, acercándose a la devaluación que pone el Fondo como condicionante para arribar a un acuerdo. Curiosamente, tamaña postración no es denunciada por el contrincante de Massa en las Paso de Unión por la Patria, Juan Grabois, mostrando que el discurso antiimperialista del dirigente del MTE es apenas una pose para aminorar la diáspora de votantes desencantados con el gobierno. Su precandidatura es lisa y llanamente una maniobra burda cuya finalidad reside en llevar agua para el molino de Massa en las elecciones generales.

La oferta que el oficialismo habría puesto a consideración del FMI es a todas luces inflacionaria. Por un lado, la implementación del dólar agro implica una emisión descomunal (en la última versión se emitieron $590 mil millones extra). A su vez, el capital agrario buscará replicar en el mercado interno los mayores beneficios que obtiene al exportar, aumentando los precios de los alimentos en las góndolas locales. Por otra parte, el encarecimiento de varios bienes y servicios importados repercutirá en toda la cadena, afectando el bolsillo de los consumidores.

Los monopolios granarios salen ganando por partida doble, puesto que volverían a tener un tipo de cambio caro para exportar y barato a la hora de importar (ya que el impuesto País no regiría en el rubro alimentos). De ese modo, se repetirá el negociado que realizaron en la anterior edición del dólar agro: en mayo, los pulpos sojeros vendieron a un dólar preferencial, mientras que se dedicaban a traer los porotos de afuera -al dólar oficial- para fabricar subproductos, embolsando la diferencia entre ambas cotizaciones, en detrimento de las reservas del BCRA. En ese sentido, el informe sobre “Intercambio comercial argentino” publicado por el Indec, correspondiente al mes de junio, arroja que la importación de porotos de soja -provenientes de Brasil, Paraguay y Bolivia- aumentó 106,6% interanual.

Se trata de un nuevo premio a los especuladores que no revertirá la crisis de reservas. Lo demostraron sus predecesores, que, ni bien finalizaron, el agro reanudó sus prácticas de acopio a la espera de una devaluación. Según las Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), quedan U$S 9.230 millones en granos sin comercializar, retenidos en silobolsas. Además, ningún incentivo exportador puede compensar el drenaje incesante de divisas que padece el Banco Central, como resultado de la fuga que lleva adelante la clase capitalista.

Cabe destacar que el trato que el gobierno les da a los capitalistas del campo contrasta con el que recibe la población trabajadora, víctima de las políticas de ajuste y pérdida salarial. Se ve nítidamente cuáles son los intereses que defiende Unión por la Patria por más que se vista de “progre”. En definitiva, estos coinciden con los de Juntos por el Cambio, donde ambos precandidatos -Larreta y Bullrich- hacen suyo el reclamo de quitarle retenciones al sector agrario.

El “pato de la boda” lo pagamos los trabajadores con más deterioro en nuestros ingresos. Por eso, tenemos que abrazar un programa propio que incluya la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior y romper con el FMI, en función de terminar con el saqueo descripto y abrir un rumbo de desarrollo nacional, donde se prioricen las necesidades de las mayorías. La lista encabezada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el FIT expresa la lucha para que el movimiento popular adopte esas banderas y se deshaga de los políticos del régimen que han hundido al país.

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