Las terribles imágenes de Villa Azul, en el sur del conurbano, estremecen a todo el país.

En las condiciones de extrema precariedad, el virus encontró un terreno fértil. Ya se cuentan 174 casos entre 800 hogares.

El cerco policial y militar al barrio no ha contribuido en nada a la situación sanitaria de las familias.

Los vecinos se encuentran privados de los elementos esenciales.

Los alimentos distribuidos son una miseria.

Al igual que en las villas porteñas 31 y 1-11-14, los vecinos de la Azul reclamaron por agua potable y testeos frente a los primeros casos, hace semanas.

No obtuvieron respuesta entonces. El Estado se hizo “presente” bajo la forma de una ocupación militar.

La tensión en el país no se reduce a la terrible situación que pasan los vecinos de este barrio. Son miles de trabajadores que se miran en ese espejo y saben que están expuestos a lo mismo.

Ya lo viven las villas de la Ciudad de Buenos Aires hace semanas. Y se suman casos en la populosa Villa Itatí, vecina de Azul.

Son casi 1.000 barrios en el conurbano los que comparten las condiciones que permitieron que estalle la bomba viral en Villa Azul.

Frente a la imposibilidad de que cumplan la cuarentena sin movilizar recursos y asistencia, los funcionarios han recomendado allí una “cuarentena comunitaria”. Esto ha sido una condena al contagio.

El Polo Obrero viene denunciando que “con hambre no hay cuarentena” y la política de conformación de guetos de pobres.

La apertura de comercios e industrias que Fernández, Larreta y Kicillof le habilitaron a los lobbys empresariales puso en marcha el contagio mediante miles de trabajadores que salen de sus barrios para trabajar.

Los recursos del Estado no han ido a las villas 31 o Azul del país, sino a las arcas de miles de empresas, desde Techint a Clarín o McDonald’s. Pagamos a los CEO de monopolios internacionales con fondos de los jubilados. Preparan un nuevo desembolso de millones de dólares a los acreedores internacionales.

Los miles de jubilados que han visto reducidos sus ingresos, los trabajadores despedidos, suspendidos a la baja o que sufren reducciones salariales son víctimas de las prioridades oficiales.

Reclamamos, que se vaya el operativo que cerca Villa Azul y que se garanticen las condiciones sanitarias y alimentarias para los millones de trabajadores bajo el nivel de pobreza.