Los anuncios efectuados por el ministro de Transporte, Mario Meoni, se concentraron fundamentalmente en explicar las medidas para impedir que el feriado largo provoque un gran desplazamiento de personas, a esto responde la decisión de suspender los vuelos de cabotaje y el transporte de pasajeros de larga distancia y de disponer un control policial para verificar las razones de viajes en autos particulares por las rutas.

El último fin de semana largo (Carnaval) movilizó alrededor de 2,2 millones de personas, incluidos muchos extranjeros que ahora no llegarían. La cifra se corresponde a todo el país.

Este movimiento es menor frente al movimiento diario de 1,5 millón de pasajeros que utiliza el tren de la región metropolitana de Buenos Aires, o el 1,3 millón que usa el subte y los 10 millones que usan los colectivos. Para esta situación Meoni solo señaló que a partir del jueves (¿por qué no antes?) solo se iba a permitir que los colectivos vayan con pasajeros sentados. Nada dijo del tren ni del subte (en el último caso le correspondería al gobierno de la ciudad de Buenos Aires), tampoco se refirió al transporte del resto del país que está controlado por municipios o provincias.

Cualquiera que utilice el transporte público de pasajeros sabe que se viaja en condiciones de hacinamiento en parte por las escasas frecuencias y también por los grandes contingentes que se producen en las llamadas horas pico. ¿De qué manera se podría hacer que todos viajen sentados? El gobierno evidentemente apuesta a una disminución de pasajeros por la suspensión de las clases (pero docentes y auxiliares tienen que concurrir), por el trabajo a distancia (pero esto es algo que queda a criterio de las empresas), por la población en riesgo (mayores de 60, embarazadas, etc.) que ha sido licenciada de concurrir a sus trabajos. La inmensa mayoría de los pasajeros está fuera de estas excepciones, porque además en el caso de los trabajadores solo pueden ser controladas si se trata de aquellos que están registrados y no así del 44% que trabaja en negro. O sea que la mayoría de la demanda de transporte se mantiene.

El ministro tampoco habló sobre la prevención para los trabajadores del transporte público que están durante horas expuestos al contacto con miles de personas; no hay ninguna indicación que obligue a las empresas a establecer medidas especiales, aunque estas seguramente reclamaran algún grado de resarcimiento por la pérdida que le implicarán las limitadas resoluciones.

El gobierno, a través de Meoni, revela que sus medidas de prevención son por un lado harto limitadas y por el otro hacen más caótica la situación, ¿se vendrán las largas colas para esperar subir a un colectivo? ¿o caminar cuadras y cuadras en busca de paradas previas? Lejos de “contener” el movimiento, se provocará una situación peor, con trabajadores desesperados por acceder a un transporte, llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, no perder premios por presentismo, etc. Está claro que el gobierno no quiere entrar en colisión con los capitalistas planteando una reorganización de la producción y la actividad económica de manera que, con medidas precisas de cuidado, se cumpla solo con aquellas tareas esenciales para garantizar la posibilidad de que la población tenga acceso a sus necesidades más importantes.

El gobierno sostiene que actúa así para no perder puestos de trabajo, pero va a suceder exactamente lo contrario, las patronales van a comenzar a despedir por la caída de la actividad económica (como resultado de la recesión en curso y de la pandemia), si por el contrario el gobierno obligara al otorgamiento de licencias masivas por la cuarentena son las patronales las que deben garantizar la percepción íntegra del salario y de esa manera se mantendrían los puestos. Una reorganización permitiría adecuar el sistema de transporte a las necesidades de la pandemia, contemplando los intereses generales.

Por eso es fundamental una intervención activa de los trabajadores en los lugares de trabajo, sobre todo frente a la complicidad y el silencio de la burocracia, para fijar las condiciones de trabajo, que vayan desde las necesidades reales de producción, de salubridad, etc. Ya hay sectores que han empezado a actuar como es el caso del Inti (que logró el licenciamiento), de la mina Veladero en San Juan, o de los Astilleros Río Santiago.

La constitución de comités de trabajadores para evaluar y resolver en los lugares de trabajo, y sobre todo en el transporte, es fundamental para garantizar el control de la pandemia.