Las investigaciones penales por el plan de viviendas Techo Digno en Río Negro iniciadas hace cinco años por el Juez Federal Claudio Bonadío, hoy en manos de la justicia provincial de Río Negro continuaron esta semana. Avanzaron con la formulación de los cargos de imputación por parte del Ministerio Público provincial para los ex y actuales funcionarios, y los empresarios de las empresas constructoras. Es por la irregular utilización de los fondos nacionales (80 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas entre el 2013 y 2015 bajo el Plan Federal de Viviendas Techo Digno, promovido por la entonces presidenta Cristina Kirchner y Miguel Pichetto.

Entre los acusados están los actuales intendentes Luis Ivancich de General Godoy, Renzo Tamburrini de Sierra Grande y Liliana Alvarado de Cinco Saltos; los actuales legisladores María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche, Alejandra Mas, exintendenta de General Conesa y Daniel Belloso, exintendente de Choele Choel. Todos ellos pertenecientes al Frente de Todos. Otros acusados por los fiscales serían Javier Iud, exintendente de San Antonio Oeste y exlegislador, acusado además de ser parte de una red de prostitución y narcotráfico en la región costera; Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes (actualmente gobierna su hija Claudia); Carlos Pilotti, exintendente de Río Colorado y Juan Pilotti, exintendente de Fernández Oro.

Se encuentran en proceso de investigación las gestiones de Abel Barratti, intendente de Cipolletti por el Frente Grande; de Daniel Dantas, exintendente de Sierra Grande por el Partido Justicialista, actual diputado nacional del Frente de Todos, producto de la vacante dejada por Martín Soria, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien también se encuentra investigado por su gestión en la localidad de Fiske Menuco (General Roca); y Mario del Carpio (fallecido), intendente de Ingeniero Jacobacci por el Frente para la Victoria.

Este lunes iniciaron en Fiske Menuco (Roca) las audiencias de imputaciones contra Ivancich (Godoy), Belloso (Choele Choel), Montanaro (Cervantes) y Pilotti (Río Colorado), y el Ministerio Público pidió acusarlos de delitos de defraudación a la administración pública en concurso con uso de documento público falso. A Belloso además le imputan malversación, y a Pilotti peculato. Ayer continúaron en la ciudad de Viedma, con denuncias contra las gestiones de Conesa, Sierra Grande y San Antonio. El lunes 9 continuarán en Bariloche y, luego, el martes 10, en Cipolletti, con las denuncias de Campo Grande y de Fernández Oro.

Una conesina, propietaria de una de las últimas 34 viviendas entregadas en la localidad manifiesta “estas casas fueron obtenidas luego de años de espera, esfuerzo y lucha colectiva porque tuvimos que organizarnos, cortar calles y trasladarnos en varias ocasiones a la capital provincial para que se reactivara la obra luego de que fueran cedidas a la provincia; estas son techo único de trabajadores que deberemos pagarlas durante mucho tiempo con nuestros magros salarios. Es injusto que, en los primeros años de habitarlas, en lugar de disfrutarlas debamos realizar constantes arreglos que nunca llegan a solucionarse definitivamente”.

La estafa con la obra pública por parte del Estado y las empresas privadas queda evidenciada con una simple recorrida por las viviendas que, aún no tienen dos años de haber sido entregada, cuentan con problemas estructurales que los vecinos no saben cómo resolver, humedad y filtraciones por paredes y puertas, goteras en los techos, rebalse de desagotes, rajaduras en las paredes y zócalos son algunas de las situaciones con la que se encuentran más de la mitad de las viviendas, lo cual se ve fuertemente agravado durante los días de lluvia donde, además, el agua filtra por zócalos y paredes, inundándose la casa.

“Invitaría al abogado defensor de varios de los ex intendentes, Damián Torres, que asegura que en la causa “no hay nada” a que recorra las casas y vea el estado calamitoso en el que se encuentran las paredes de nuestras viviendas; los días de lluvia es increíble la cantidad de agua que se filtra por ellas” declara la vecina entrevistada. En General Godoy por ejemplo, priman las casas de durlock.

Las condiciones de precariedad de las viviendas mencionadas no se alejan de las otras entregadas en el resto de la provincia. Si tenemos en cuenta que fueron 700 millones de pesos lo destinados, cuya actual cifra estaría en los $ 14.000 millones, la magnitud de la estafa la convierte en una megacausa que desnuda la corrupción con la que los partidos patronales engrandecen sus arcas a costa de la necesidad de vivienda de las y los trabajadores. La causa lejos esta de ser el lowfare rionegrino, como intentan hacerlo aparecer los acusados. Luis Ivancich llegó a decir en la sesión de apertura de las sesiones legislativas del Concejo Deliberante de General Godoy en el 2020 que era un “perseguido de Mauricio Macri”. Sin embargo la causa ahora bajo un gobierno del mismo signo político sigue avanzando.

Como bien manifestó en octubre del 2020 el concejal del FIT-PO Gabriel Musa, que ha pedido la interpelación del poder ejecutivo local: «Si sumamos a estas denuncias, de un peso político provincial inmenso, la verificación en los hechos de la calidad de las casas entregadas, luego de 10 años construyéndose, se podría decir que no se sabe a dónde han ido a parar todos los millones que se giraron para la construcción de las viviendas» (ADN).

Las cuentas del municipio son públicas, y deben abrirse a los y las vecinas. Desde el Partido Obrero apoyamos el reclamo de las y los trabajadores respecto al reconocimiento de la precariedad de las viviendas y la refacción de las mismas, exigimos la apertura de las cuentas de los municipios investigados, la publicidad los negocios que la municipalidad realiza con las empresas privadas, el listado de los servicios tercerizados con los beneficiados, con las condiciones acordadas, etc. y una investigación sobre el patrimonio e ingresos de toda la planta de funcionarios imputados en la causa.

Basta de impunidad. El Estado es responsable.

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