A la par que Kicillof y su ministra Mara Malec rechazaban públicamente la convocatoria a paritarias para discutir salarios, el presidente Alberto Fernández y la ministra Frederic lanzaban su “megaplán” anunciando el envío de 4.000 agentes federales y el giro de 12.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para la compra de patrulleros y otros insumos de “seguridad”. Algunos medios de prensa se han referido a esta iniciativa como una virtual “intervención” porque representaría, por primera vez, un desembarque directo del “albertismo” en el escenario bonaerense, el otro polo del gobierno bicéfalo. Con el “megaplán” el gobierno nacional no solo tomó la agenda de la oposición derechista, sino que pretende debilitar de paso a Kicillof -ahijado político de Cristina- y específicamente a Sergio Berni, quien representa un clavo ardiente por su encubrimiento de los ejecutores de la desaparición forzada y asesinato de Facundo Astudillo Castro.

Que Alberto Fernández haya designado a la ministra Sabina Frederic como factótum de la irrupción de la Federal en desmedro de la Bonaerense que comanda Sergio Berni dice mucho de esta disputa al interior del Frente de Todos, pero también del rol encubridor que juega el gobierno nacional en el secuestro de Facundo Castro. A pesar de las múltiples evidencias que apuntan contra la policía provincial y del descarado accionar del fiscal a quien se lo llama “el abogado de la Bonaerense”, la “Justicia” designó otros dos fiscales que siguen la misma línea “investigativa” del ministro cuartelero de Axel Kicillof. Como sucediera con Santiago Maldonado, la “hipótesis del accidente” tiene como propósito absolver a las fuerzas represivas y concretamente a la Bonaerense, responsable de decenas de casos de gatillo fácil y represión contra la juventud en las barriadas.

Algunos “analistas” presentaron el giro de los 12.000 millones de pesos como un rescate del gobierno nacional a un Kicillof en crisis, enfrentado con los intendentes oficialistas y opositores y con el propio PJ que tuvo que ceder la candidatura a gobernadora de Verónica Magario por presión de Cristina. Más que un “rescate” se trata de un dardo envenenado destinado a aislar y condicionar a Kicillof, incluso con respecto a un sector del kirchnerismo y de la Cámpora que ven cómo se evapora el capital político del gobernador. De hecho, desde el “Complejo Agroindustrial” que exige devaluación y menores retenciones al campo hasta sectores empresarios que reclaman mayores subsidios en la “emergencia”, los capitalistas buscan un contacto directo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner puenteando a Kicillof. La debilidad política de Kicillof se va convirtiendo en un problema de envergadura para todo el peronismo en la crisis financiera y pandémica y de cara a las elecciones legislativas.

El “nacional y popular” ha buscado sortear este retroceso sosteniendo a ultranza a Berni y tanteando el apoyo del “psicótico” Duhalde y del Movimiento Productivo Argentino, una confluencia de agrupamientos patronales con base territorial en la provincia de Buenos Aires. En esta misma línea se anotaron las burocracias kirchneristas, que pasaron de la incomodidad con el “ministro de Seguridad” a reivindicar el “peronismo de Berni” negándose a toda acción o pronunciamiento para que se vaya el jefe de la Bonaerense. La lucha por el Fuera Berni marca a fuego los límites insalvables de un “gobierno nacional y popular” que se desplaza hacia la derecha.

El “rescate” al que aspira Kicillof no pasa por la compra de los patrulleros sino por un “nuevo fondo del conurbano” que alivie el derrumbe de las cuentas provinciales y la caída a pico de la recaudación. Como hemos señalado en Prensa Obrera, Kicillof tuvo que apelar a los fondos nacionales para apagar el incendio en varias intendencias que se declararon insolventes para el pago de los salarios a sus trabajadores municipales. La posibilidad de un giro de recursos extraordinarios con la mirada puesta en las elecciones del 2021 choca con el pacto colonial con los bonistas y el compromiso de reducción del gasto público que establece la agenda fondomonetarista del FMI. En cualquier caso, y como ocurre con los 12.000 millones de pesos del “megaplán”, todo “auxilio” condiciona aún más a Kicillof y será objeto de nuevas disputas y enfrentamientos.

Mientras sigue sin cerrar el acuerdo de deuda con los bonistas de la provincia, el gobernador y su ministro de Obras Públicas reflotaron el plan quinquenal de obras por 800.000 millones de pesos, que había sido anunciado antes de la pandemia y que entró en la congeladora con la crisis. Este programa de “obra pública” y “reactivación del empleo” se financiaría en gran parte, según el gobierno provincial, con el nuevo endeudamiento por 500 millones de dólares votado en común por el Frente de Todos, sus aliados y Juntos por el Cambio en la Legislatura. Este pacto oficialismo-oposición conocido como “ley de financiamiento” es no solo deuda sobre deuda sino también un “pasamanos” a los acreedores que presionan por una mejora de la oferta de deuda a tono con lo firmado por Alberto Fernández y Martín Guzmán (mayores intereses y recorte en los plazos para empezar a pagar). Por eso mismo, los préstamos de los “organismos multilaterales” están sujetos a la “restructuración” de la deuda provincial que asciende a 12.000 millones de dólares y a las garantías de repago que ofrezcan los “nacionales y populares”

Buenos Aires es hoy el epicentro de la crisis sanitaria, financiera y social del país. De la evolución de esta crisis dependen las posibilidades políticas de Kicillof pero también de todo el peronismo, particularmente cuando el sistema sanitario provincial está amenazado de colapso a plazo fijo por la saturación de camas de terapia y la falta de personal especializado de salud para atenderlas. Las exigencias sanitarias y de un plan de obras públicas, saneamiento y agua potable chocan de frente con el pago de la deuda usurera y los millones destinados a reforzar a un aparato represivo cuya función es reprimir los reclamos populares. La salida a esta crisis, que es integral, demanda un plan de lucha en defensa del salario, las jubilaciones y contra el hambre, y un plan económico y sanitario de los trabajadores que empieza por el no pago de la deuda externa y la centralización del sistema de salud.

El Plenario Antirrepresivo en marcha será un canal de acción y reagrupamiento de los familiares de víctimas del gatillo fácil, de lucha por Justicia para Facundo Castro y de movilización de todas las organizaciones populares para que se vaya Berni y por el desmantelamiento del aparato represivo. Denunciamos las zonas liberadas controladas por las cúpulas policiales y le oponemos la formación de comités electos de vecinos en los barrios. La tarea de la hora es organizar la intervención de los trabajadores y de la juventud y postular al Frente de Izquierda como una oposición desde la clase obrera y los sectores populares al gobierno ajustador, represor y pagador de deuda.

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