El Concejo Deliberante de Mendoza, con el voto de la UCR y el PD-PRO aprobó un Código de convivencia que es un ataque en regla a las libertades democráticas. La ordenanza es un compendio de prohibiciones ya existentes más algunas nuevas. Votamos en contra la banca del Frente de Izquierda, la UCR disidente y el PJ.

 

Con la intención de mostrar autoridad y capacidad de gestión, el intendente interino Suárez ha acordado con el PD-PRO la prohibición bajo pena de multa de la libre expresión callejera de la protesta social, así como las expresiones artísticas, recreativas y las actividades de artesanos y vendedores. Este acuerdo con el PD-PRO en la ciudad expresa la intención del ala mayoritaria de la UCR mendocina de plegarse a la candidatura de Macri.

 

 

No obstante la resolución nace herida de muerte.

 

La pretensión de obligar a los manifestantes a “marchar por la vereda” o ir a un “protestódromo” apunta a convertir a las manifestaciones en un hecho inocuo, que no repercuta en la vida sociaL.

La UCR y el PD-PRO votaron esta reglamentación en el marco de una ola de despidos y suspensiones en la provincia, salarios de miseria y negativa del gobierno a reabrir las paritarias, tarifazos en los servicios públicos y un ajuste en educación y salud contra el conjunto de la población trabajadora.

 

Estos partidos, al igual que el PJ, se proponen hacer pagar la crisis a los trabajadores a como dé lugar y no dudan en avanzar contra los derechos democráticos del pueblo criminalizando la protesta.

¿Los concejales de la UCR y el PRO impedirán que la combativa CTA gane la calle? ¿Lo intentarán también con los obreros de la construcción, los de ATE o los docentes?

La primera respuesta al código fue la movilización de más de cien artistas callejeros al Concejo, mientras se producía su tratamiento. La CTA está preparando acciones similares.

Tribuna municipal, que viene arrasando en las elecciones de delegados, está preparando reuniones y asambleas, y votando medidas de fuerza de los inspectores municipales para negarse a multar a los “infractores”.

 

Llamamos a las organizaciones representativas de los trabajadores, los estudiantes, de la defensa de los derechos humanos y a todos los sectores populares a repudiar en la calle este nuevo atropello.