Los curas Nicolás Corradi (82) y Horacio Corbacho (55) y un empleado del Instituto Antonio Próvolo para niños hipoacúsicos, fueron detenidos por abuso sexual en la provincia de Mendoza, luego de que una testigo los denunciara. El procurador de la Corte mendocina adelantó que pueden salir a la luz nuevos casos e involucrados en los abusos, que incluyen todo tipo de vejámenes en la “Casa de Dios” donde los niños y niñas sordos eran llevados para ser abusados.

El cura pedófilo Corradi, tenía en su haber una denuncia previa por el mismo motivo en  Italia, donde nació y ejerció el sacerdocio hasta que fue trasladado a la Argentina por la jerarquía del Instituto Próvolo de Verona, por los vejámenes cometidos contra niños en aquel país. Una práctica recurrente de la jerarquía vaticana para ocultar estos delitos y salvar de la condena a los responsables de estos crímenes aberrantes, como ocurrió con el cura Ilarraz, trasladado de Tucumán a Entre Ríos, por citar un caso.

El arzobispo de Mendoza se excusó, ya que los antecedentes de Corradi estaban fuera de su jurisdicción y adelantó que serán juzgados según el derecho canónico. Una confesión de las futuras conspiraciones que se tejerán para garantizar la impunidad, en primer lugar de la propia jerarquía eclesiástica que apaña a los pedófilos.

A cargo de la causa está el fiscal Fabricio Sidoti, sobre quien pende un jury de enjuiciamiento por el femicidio de Ayelén Arroyo, que fue asesinada por su padre luego de que ella lo denunciara por abuso sexual. Por estas horas el hombre está en graves problemas, ya  que los medios revelaron las desgrabaciones del testimonio de la joven de 19 años que demuestran que estaba bajo amenaza, algo que él había negado (Mendoza Post, 26/11).

Un reguero de denuncias por abuso de menores recorren el país, son los casos de Juan de Dios Gutiérrez en Catamarca, el obispo de la diócesis de Río Gallegos, el cura colombiano Escobar Gaviria denunciado por dos monjas en Entre Ríos; a los que suman otro tipo de acusaciones, como las torturas de monjas de la localidad de Nogoyá también en esa provincia y la nueva causa por malversación de fondos contra el pedófilo Julio César Grassi. 

Pese a la descomposición manifiesta, los gobiernos continúan tercerizando la educación  y la asistencia en la Iglesia Católica. Valoran la formación en el miedo y el renunciamiento, y su función de contención social. Por ello la persistencia del derecho canónico, una parodia de justicia, que el Estado reconoce pese a las consecuencias gravísimas que en la recurrencia del abusador Corradi quedan de manifiesto.

Exigimos justicia para las víctimas. Que los curas abusadores sean juzgados en fuero civil. Por la inmediata separación de la Iglesia del Estado.