El gobierno de Mendoza incumplió vencimientos de deuda, para el mes de mayo por 25 millones de dólares y entró en período de gracia hasta el 20 de junio. Dichos vencimientos corresponden a intereses y cuotas de capital de los bonos PMY24 y PMJ21. Estos sirvieron para financiar el “equilibrio fiscal” del exgobernador Alfredo Cornejo y la construcción de una nueva cárcel. Ambos en dólares bajo jurisdicción de tribunales norteamericanos.

Si las negociaciones para reperfilar la deuda fracasan, Mendoza entra en default con los bonistas. Las finanzas provinciales han evidenciado una precariedad, propia de un castillo de arena. Como lo denunciamos sistemáticamente desde el Frente de Izquierda, el endeudamiento en dólares y la reducción salarial mediante techos fueron los grandes pilares de la “estabilidad” radical para la provincia, endeudamiento acompañado por el voto del PJ en todos los casos.

Mendoza lleva pagados en el año más de 3.000 millones de pesos y le restan vencimientos por más de 140 millones de dólares lo que equivale a más de dos meses de salarios de todos los trabajadores de la provincia, funcionarios y miembros de la corte incluidos.

Casi un 60% de la deuda es en dólares y bajo jurisdicción extranjera, el resto es centralmente con la Anses y Banco Nación; es decir, con los aportes de los trabajadores para jubilarse y con el ahorro nacional.

El gobierno provincial se subió al carro de la negociación del gobierno nacional que busca cerrar como sea con los tenedores de bonos y patear hacia adelante los vencimientos con los organismos multilaterales, profundizando el control fiscal directo de estos organismos sobre la economía nacional, que será una condición inevitable. El éxito de esta operación no es inocuo para los trabajadores, pues implica un ajuste mayor que el actual en educación, salud y acción social, también en techos salariales.

La deuda o el salario

El gobierno provincial impulsa una política de amedrentamiento contra los enfermeros, maestros y demás trabajadores del Estado. Buscan frenar los reclamos difundiendo e incluso exagerando las dificultades financieras de la provincia. Distintos funcionarios de primera línea cuestionaron el pago de salarios en término en un pago y ni pensar en aumento salarial.

Por contrapartida el gobierno provincial ha dejado muy claro que va a garantizar el pago de la deuda. Esta política ha cebado a las patronales, que mediante sus cámaras reclaman una reducción de salarios estatales para subsidiar su rentabilidad.

En este cuadro Suárez apura la aprobación de la creación del “consejo económico y social” en la búsqueda de amortiguar las tensiones. El PJ adhiere pero cuestiona la convocatoria por “falta de amplitud” y busca ampliar las representaciones sindicales en el consejo. Las direcciones sindicales deben rechazar su integración si es que se proponen pelear por el salario de los trabajadores.

La disyuntiva que se presenta es utilizar los reducidos fondos provinciales para seguir financiando el pago de la deuda usuraria o hacer frente a la crítica situación de los trabajadores y sectores populares de la provincia. La deuda o el salario y también la vida.

Es urgente establecer la suspensión del pago de la deuda, un aumento de emergencia del 40% retroactivo a enero, el pase a planta de todos los contratados, prestadores y tercerizados, la puesta a producir de las fábricas alimenticias cerradas, prohibir efectivamente los despidos y suspensiones. Aumentar la dotación de alimentos a comedores y quien lo necesite. Impulsar un plan de obra pública para la construcción de viviendas para urbanizar las barriadas más humildes y un verdadero impuesto a las fortunas que no signifique una lavada de cara a los grandes capitalistas.

Sobre estos planteos es que impulsamos la más amplia deliberación entre los trabajadores para enfrentar las grandes batallas que se aproximan y sobre todo impulsando acciones que coloquen los reclamos populares por delante de cualquier otro interés.