El gobierno de Rodolfo Suárez ha sido explícito en sus prioridades: todos los recursos provinciales son para pagar la fraudulenta deuda. Para los trabajadores: tercerización, precarización, techos y recortes salariales, pago en cuotas o con bonos.

El reclamo de las cámaras patronales para que se reduzca el salario de los estatales y que se les otorgue a ellos mayores beneficios no es el exabrupto de un patrón de estancia, es la orientación general que se prepara con el consejo económico y social de emergencia. Esta tarea cuenta con el concurso necesario de la oposición pejotista, la justicia, la iglesia y las burocracias sindicales.

En las últimas horas, los ataques han inclinado sus cañones al aguinaldo. Según palabras del mismo gobernador, podría pagarse en cuatro cuotas.

El pago de la deuda se ha transformado en la madre de todas las batallas, por los recursos de la provincia y por cuál sector social paga la crisis.

La silenciosa “reforma laboral” en el Estado

La pandemia ha sido la gran excusa para avanzar en la política de precarización y flexibilización laboral entre los docentes, enfermeros y demás trabajadores del Estado.

En la salud avanza fuertemente la tercerización de sectores, centralmente en las áreas de limpieza donde, sin ninguna capacitación ni formación, trabajadores que cobran $15 mil manipulan residuos patógenos o limpian zonas potencialmente contaminadas por Covid-19.

La virtualidad en la educación no responde a fines pedagógicos (nunca lo podría hacer de la mano de la política del ítem aula y la productividad), pero lo que sí está logrando es una mayor carga de tareas en la docencia y la progresiva eliminación de la figura del preceptor. A esto se le suma que no se llama a cubrir suplencias y esas vacantes se cubren con cambios de funciones, que por algo fueron cambiados de funciones.

Progresa en la educación y entre los judiciales el “teletrabajo”, que consiste básicamente ampliar el horario de trabajo y desarrollar tareas de forma no presencial. Esto es el principio del fin de las licencias y francos.

Es un rasgo común entre los trabajadores del Estado la reducción del poder adquisitivo que oscila entre un 35% y un 55% durante los últimos cuatro años y medio. La fórmula es sencilla: aumentos salariales por debajo de la inflación y cláusulas “gatillo” truchas que no gatillan por inflación.

El ataque a las condiciones laborales de los trabajadores del Estado no está en cuarentena. Es clara la orientación que se fijaron las direcciones sindicales, que citan el decreto presidencial que suspende la vida interna de los sindicatos como una razón para no deliberar y desarrollar los reclamos que se multiplican.

Preparar la lucha

La acción de los prestadores de salud es la expresión más evidente de una tendencia que crece en la base de los trabajadores. La organización “autoconvocada” se ha extendido por la mayoría de los hospitales con el reclamo del pase a planta. El fracaso del boicot a este proceso ha obligado a las direcciones sindicales a convocar a las acciones resueltas por los prestadores.

Entre los trabajadores municipales se desarrollaron escaramuzas en al menos media docena de municipalidades por los elementos de protección.

Un sector de la docencia está comenzando a sacar conclusiones y más temprano que tarde las acciones de reclamo se van a desarrollar y la directiva deberá resolver si se pone a la cabeza o sigue su alianza con la liga de los entregadores seriales.

Es clave el planteo de la Coordinadora Sindical Clasista de un gran congreso de bases de todos los trabajadores estatales. Este congreso es importante para deliberar y resolver un plan de acción unificado por todos los reclamos postergados. Empezado por un aumento de emergencia del 40% y el pase a planta de todos los prestadores, contratados y tercerizados. También un contundente pronunciamiento contra el pago de la deuda provincial y la defensa incondicional del salario de los trabajadores. En todos los lugares impulsamos el pronunciamiento en torno a este.

Está abierta una disputa por quién paga la crisis.