El gobernador Rodolfo Suarez decretó el recorte de las dietas de todos los funcionarios políticos del gobierno provincial. Estos cobraran $50 mil pesos en la liquidación de sus dietas de Marzo. Seguirán cobrando lo mismo en abril y meses subsiguientes.

¿Por qué se toma una medida como esta, aparentemente drástica, mientras el mismo régimen político se ha negado sistemáticamente a tratar el proyecto de Ley del Frente de Izquierda, que establece que todo cargo electivo y funcionario político cobre el equivalente el salario de una docente?

La medida debe tener carácter permanente y extenderse a la justicia, legislatura y municipios. Se trata de una medida democrática que ataca la casta de funcionarios garantes del ajuste y el estatus quo patronal. Para nada una medida de austeridad.

Bien, pero insuficiente contra el coronavirus.

La medida implica unos $40 millones de pesos. El equivalente al 1.8% (21.8% mensual) del presupuesto anual del Hospital Central, algo así como unos $21,2 por habitante. Ayuda pero no modifica el cuadro general del sistema de salud.

Mendoza todavía no cuenta con reactivos para hacer los test de COVID 19. Se anunció que el gobierno compro 100 y podrían llegarían 200 más en las próximas semanas, números marginales para la demanda que ya están teniendo los hospitales. Los profesionales y trabajadores de los hospitales no cuentan con barbijos ni mascarillas de protección, solo algunas donaciones aisladas y el ingenio popular que convierte botellas plásticas en improvisadas mascarillas.

A los 200 respiradores la provincia pretenden sumarle 100 más, cuya entrega esta frenada por una disputa poco clara con el gobierno nacional. Los prestadores y contratados no han sido pasados a planta permanente y para peor el gobierno mantiene congelados los salarios con la excusa de la suspensión de las paritarias.

Como se ve la medida no es efectiva desde el punto de vista de las necesidades sanitarias, mucho menos si se considera que ms del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, con una economía sustentada en el trabajo informal, paralizado por la cuarentena.

La salud o los beneficios patronales

Mendoza dispone de los fondos que requiere la atención sanitaria y social, pero para eso debe afectar el interés de las grandes patronales. No se tocan los más de $4 mil millones de subsidio al negocio de la educación privada, mucho menos los $800 millones de subsidio a las grandes bodegas. Mucho menos se afecta el interés de las prepagas y mercaderes de la salud privada.

Rodolfo Suarez pretende enfrentar una pandemia con medidas de marketing y preservando los negocios y privilegios de las grandes patronales. Esta situación ha mostrado la incompatibilidad de los intereses capitalistas frente a las grandes necesidades y padecimientos de las mayorías populares.

Se impone la suspensión inmediata del pago de intereses y capital de la deuda provincial, también la suspensión de todos los subsidios patronales y eximiciones para destinar esos recursos a la asistencia social y sanitaria.