La reducción de las dietas de funcionarios políticos, decretada por el gobernador Rodolfo Suarez, establece que estos cobrarán como máximo $50 mil en la liquidación correspondiente a marzo. A esta medida adhirió la Legislatura provincial y distintos funcionarios municipales. El Poder Judicial evalúa seguirle los pasos.

Semejante medida anti “casta política” no solo es el producto de una acción demagógica. Se trata de un posicionamiento político que busca destacar la idea de que “todos estamos en el mismo bando” en la lucha contra la pandemia, la idea de que la situación crítica exige esfuerzos de todos los sectores. De esta forma se borran las fronteras de clase, algo inocultable a la hora de quedarse en casa por las contradictorias condiciones de vida que revisten una empleada doméstica y la señora Susana Balbo.

Cortina de Humo

El desarrollo de esta idea también oculta la responsabilidad de Suarez, y sus predecesores, en el brutal vaciamiento del sistema de salud, con más de la mitad de trabajadores y profesionales precarizados y tercerizados.

Ni hablar de la tasa de desempleo, subocupación y trabajo informal; casi el 40% de la población debajo de la línea de pobreza y arriba del 50% en el caso de los menores de 18 años.

No obstante el esfuerzo no lo “hacemos todos” pues en el decreto de emergencia de la provincia no se afectan los benéficos patronales, pero al mismo tiempo los trabajadores, que no tiene capacidad de ahorro, deben pagar el aumento, a esta altura descontrolado, de los precios en los artículos de primera necesidad.

La adhesión que cosecho Suarez al limitar las dietas de políticos es la punta de lanza para ir por el salario de los trabajadores y bloquear reclamos como el pase a planta de los trabajadores y profesionales de la salud. Todo en nombre de que “al esfuerzo lo hacemos todos”.

Atacando los salarios se favorece el COVID-19.

Suarez viene atacando el salario de enfermeros y maestros mucho antes de que estalle la crisis del COVID-19, solo que ahora se propone ir a fondo.

Como antecedente, el gobierno violó los acuerdos con los maestros al no cumplir con el pago en tiempo del salario de los suplentes. También suspendió las discusiones paritarias, luego de ofrecer entre dos mil y tres mil pesos fijos.

Pero el elemento más importante es que en el decreto que amplía las atribuciones del Ejecutivo en la emergencia, establece un recorte salarial directo para los trabajadores del instituto de juegos y casino. De esta forma, Suarez, por primera vez, procede a un recorte salarial nominal.

La oposición del PJ guarda silencio, pues ellos mismos están impulsando medidas similares como es el caso del gobierno del PJ de Salta.

¡Defender el salario!

La tarea que se propuso Suarez no es sencilla, el intento por recortar sueldos se da en un cuadro de agudización de las necesidades sociales, crecimiento de la pobreza y el desplome general de la economía. Sin ir más lejos, en las últimas horas se han sucedido una serie de escaramuzas por alimento en las puertas de supermercados, lo que explica por qué las fuerzas de represión están en las barriadas y brillan por su ausencia en el centro o sectores acomodados.

Existe, aun de forma incipiente, una reacción de los trabajadores: los precarizados de salud han desarrollado una extendida coordinación en los hospitales por su reclamo de pase a planta permanente y se enciende una luz de alerta entre los enfermeros y maestros.

No atender las necesidades sociales y profundizarlas con recortes salariales es facilitar la diseminación del COVID-19.

Los recursos necesarios deben salir del no pago de intereses y capital de la deuda provincial, la suspensión de los multimillonarios subsidios multimillonarios -es ese sector el que debe pagar la crisis y establecer el pase a planta de todos los contratados y prestadores- al tiempo que se debe establecer un salario mínimo igual a la canasta familiar.