La campaña electoral está poniendo en la agenda los reclamos patronales impulsados por los principales candidatos del Frente de Todos y Cambia Mendoza. No solo salieron a reclamar reformas laborales en boca del exgobernador Alfredo Cornejo, ajustar la planta estatal o reclamar el cambio de la legislación que impide la megaminería, sino que también, de la mano de Anabel Sagasti, anunciaron con bombos y platillos el Decreto 514/2021 que plantea que todos los beneficiarios de programas sociales empleados durante la cosecha no “perderán” su programa social, cuestión que ni Cobos, Cornejo o Suarez se opusieron. Algo que se presenta como un triunfo pero corresponde a una farsa y una aceptación de una política de trabajo semiesclavo en la provincia.

El reclamo patronal se viene realizando hace rato y ha tenido lugar desde la fuerza política que representa Alberto Fernández.

Detrás del verso de atender el problema del trabajo se esconden subsidios y transferencias de recursos de parte de la Anses a las patronales del campo en forma de mano de obra. Es que los fondos que se destinan a planes sociales se convierten en la forma de continuar con la forma de superexplotación laboral que sufren las personas afectadas a la cosecha.

Es la oficialización de la precarización de un sector de trabajadores hoy desocupados que ya trabajan en la temporada de cosecha sin ningún tipo de protección laboral o convenio.

Las patronales del vino son quienes más a fondo llevan la precarización y explotación del sector de trabajadores que levanta las cosechas en la temporada. Año a año son noticia las denuncias de trabajo semiesclavo, infantil o sin ir más lejos la extorsión a trabajadores golondrinas de parte de los empresarios del campo, llegando al punto en este año de que en una finca de Maipú un patrón quiso atropellar con un tractor a un trabajador que reclamaba su salario.

Esto es premiado por el gobierno de Rodolfo Suárez, quien en el 2021 les compró por adelantado uva criolla y/o malbec -antes de la cosecha- por un monto equivalente a mil doscientos cincuenta millones de pesos (1.250.000.000) para “regular el precio” mientras ofrecían miserias a los trabajadores para levantar la cosecha, llegando a pagar $20 el tacho cosechado, y sin intenciones de aumentar el salario a los vitivinícolas.

Hoy en día esos sectores tienen todas sus tarifas de electricidad subsidiadas por el gobierno y han sido quienes en el 2020 tuvieron ganancias millonarias, en dólares, por las exportaciones, figurando entre las mayores exportadoras del país con ganancias finales de entre 4 y 10 millones de dólares.

Ahora qué se busca con este decreto? Evidentemente las fuerzas patronales de Cambia Mendoza y el Frente de Todos no tienen grieta al momento de superar la crisis sobre la base de sobreexplotar a los trabajadores y que las patronales mantengan su rentabilidad.

Esto plantea que es necesario el desarrollo de un programa que ponga el acento en solucionar verdaderamente el problema del trabajo genuino y la producción del campo.

Que un plan social compita contra un mes de cosecha es la admisión de un violento sistema de saqueo de la fuerza de trabajo y no debe ser enfrentado con el sostenimiento de la precarización sino con el pago justo de las horas trabajadas.

También es necesario la reorganización de la producción del campo, empezando por otorgar la tierra a quien la trabaja y apuntar la producción a que sea satisfecha la demanda alimenticia que sufren los trabajadores golpeados por la inflación.

En esa línea y en pos de superar la crisis de las familias trabajadoras se pone en agenda la necesidad de reabrir las fábricas de alimentos y ponerlas bajo control de los trabajadores para que satisfagan la necesidad de alimentos de miles y miles de niños que asisten a comedores populares.

Solo el Frente de Izquierda levanta este programa y apunta a poner en la agenda de las elecciones el reclamo de los que levantan la cosecha, trabajan la tierra y viven de su trabajo.

Por eso es importante en estas Paso que las urnas se llenen de votos al Frente de Izquierda para que los trabajadores del campo y la cosecha consoliden una alternativa política propia.

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