El gobierno de la provincia de Mendoza, a través del ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) ha puesto en marcha el programa de pulverización para el control de la polilla de la vid (Lobesia botrana). Esta polilla ataca principalmente al fruto de la vid. La manera de controlarla, tendría que considerar criterios para que no afecte al ecosistema circundante. Contrariamente el lunes 23 de octubre el gobierno comenzó las fumigaciones aéreas con el agrotóxico chlorantraniliprole, que lleva como nombre comercial Coragem (del grupo DuPont).

 

Las condiciones climáticas de Mendoza ponen en duda la efectividad de la fumigación para el control de la Lobesia. El químico usado requiere el agua como transporte para llegar desde la avioneta a la planta de vid, pero la humedad promedio es de 40% con lo cual este método pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores rurales y sus familias, por el hecho de que se produce dispersión (las gotas de químicos quedan suspendidas en el aire).

 

Se ha comenzado con las fumigaciones violando e ignorando por completo la Ley Provincial del Ambiente (ley 5961) que estipula una serie de requisitos como la audiencia pública y la declaración de impacto ambiental. Como también desconocen el principio precautorio del derecho ambiental, que estipula: ante la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse ningún producto que pueda ser potencialmente contaminante y perjudicial para la salud.

 

En este sentido es que docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo firmaron un comunicado dirigido a la decana (Concepción Arjona) desaconsejando "la pulverización aérea con insecticidas, ya que si bien la distancia de seguridad de 200 metros que se estableció respecto a zonas periurbanas es la adecuada, esta misma distancia no se contempla respecto a viviendas ubicadas en el sector rural".

 

Como se ve, el Estado es capaz de poner en riesgo la salud de los trabajadores y sus familias, en pos de garantizarle una mayor rentabilidad a los grupos oligopólicos del vino. Nada puede sorprendernos, pues son los mismos que en defensa de la industria del vino pagan salarios de miseria a los trabajadores de viña y bodega.

 

Desde el Partido Obrero denunciamos este método de “pulverización aérea” con agrotóxicos para combatir la polilla. Responsabilizamos al Estado por la contaminación del agua y de la población en general.

 

Desde las bancas del Frente de Izquierda hemos denunciado esta situación junto a la asamblea por la soberanía alimenticia en los Concejos Deliberantes y en la Legislatura. Exigimos la inmediata suspensión y planteamos, mediante proyectos de ordenanza y ley, la prohibición de las pulverizaciones aéreas.