El gobernador Rodolfo Suarez, sin el apoyo del PJ y solo con sus votos, logro una agónica aprobación del presupuesto 2020.

El presupuesto aprobado asciende a un total de $215 mil millones, un 51,5% superior al del 2019. Aunque el monto global compensa lo perdido por inflación, del desagregado se desprende que las patronales son beneficiadas, al tiempo que se recorta en áreas sensibles a la población trabajadora como salud, educación y salarios. El costo del dólar se establece en $67, lo cual de entrada significa un feroz recorte en insumos para la salud que en su gran mayoría son importados y cotizados en dólares. Ni hablar de la reparación o compra de equipamiento.

Los fondos asignados al área de educación se actualizaron según la inflación en su total. En el desagregado aparece que los subsidios al negocio de la educación privada se incrementaron más del 60%, llegando a 4 mil millones de pesos, casi un 2% del presupuesto total y un 10% del presupuesto educativo. Por el contrario en la partida se ejecuta un recorte general de la educación pública, en todos los sectores.

La partida para la Dirección Provincial de Vivienda es de apenas $338 millones, un 0.15% del presupuesto total, suponiendo que se utilizara el total de este monto con suerte alcanzaría para la construcción de 200 viviendas, frente a un demanda vegetativa de 4 mil viviendas anuales y un déficit habitacional de más 120 mil.

Para la dirección de género la partida es irrisoria, lo mismo ocurre para la asistencia social.

Otro aspecto relevante es que la gestión Cambiemos se vanagloria de haber reducido el “costo laboral” de la planta estatal, lo cual fue posible por la pérdida de entre 18 y 25 puntos porcentuales mediante la cláusula gatillo trucha (no gatilla con la inflación) y el remplazo de trabajadores de planta por empresas tercerizadas en todo el Estado y sus sectores.

El voto no positivo del PJ

El PJ votó como bloque el rechazo del presupuesto, por lo cual bloqueo la autorización de nueva deuda al impedir que la aprobación del presupuesto alcance los dos tercios requeridos.

No se trata de un rechazo para preservar las finanzas provinciales y terminar con los privilegios que reclaman las patronales como las del vino, el trasporte o las constructoras. Prueba de esto es que algunos intendentes se disciplinan frente a los telefonazos de la Casa Rosada, pero son proclives a acordar. Incluso introdujeron la idea de discutir una ley de autorización de deuda por separado del presupuesto, lo cual les daría mayor peso en la negociación por el reparto de los recursos para obras.

Dentro del PJ se impuso, por el momento, la misma política del Kichnerismo, la que consiste en aplicar todos los recursos posibles para que la nación haga frente a los acuerdos con el FMI y los bonistas privados. En la provincia, los vencimientos de deuda de este año son, en su totalidad, en pesos, con la Anses, Banco Nación y los municipios.

Nada nuevo bajo el sol, es la clásica política del Kichnerismo de pagadores seriales a costa de las necesidades populares.

Se debilitan

Como advertimos desde estas páginas la fortaleza o debilidad del gobierno provincial se pondrá a prueba en su capacidad para imponer su política anti popular. La mayoría legislativa propia, el triunfo holgado en las elecciones provinciales y el relativo control sobre la corte, ahora aparecen como cosas de un lejano pasado.

El gobierno de Rodolfo Suarez ha quedado debilitado luego de la derrota que significó volver sobre sus pasos con la habilitación de la mega minería, y ahora conseguir un agónico presupuesto.

En este cuadro, la caída de los precios internacionales del petróleo pone en duda la última carta que tenía el gobierno en la manga, para hacer frente a las necesidades de financiamiento: el impulso a la explotación de la lengua norte de vaca muerta.

El PJ especula con reforzarse como una oposición y variable de recambio frente a una profundización de las dificultades que enfrenta el gobierno provincial. Una ambición miserable si se tiene en cuenta que los niveles de desocupación y pobreza están los niveles más altos después de la crisis del 2001.

Los trabajadores tenemos que intervenir

El oficialismo y el PJ buscan mantener una polarización que tiene como característica principal la ausencia de la agenda de necesidades obreras y populares. Esto ya se expresó en la vendimia, donde se posicionaron con uno y otro bloque patronal pero ninguno siquiera menciono la súperexplotación a la cual son sometidas las obreras y obreros de viña que cobran salarios de supervivencia.

En las próximas semanas se viene una batalla clave para los trabajadores de la provincia: la discusión paritaria de enfermeros y maestros. En estas, el PJ y el gobierno provincial van a cerrar filas contra las actualizaciones por inflación y sumas fijas.

Se impone una deliberación del conjunto de los trabajadores para resolver un plan de acción que imponga una verdadera indexación de los salarios a la inflación, una suma de al menos el 25% de aumento retroactivo a enero para palear lo perdido por inflación y el pase a planta permanente de todos los precarizados, contratados y tercerizados.

Un gran plenario de trabajadores estatales de la provincia debe ser la instancia para superar los límites y compromisos de las actuales conducciones gremiales, es decir que debe ser construido desde los lugares de trabajo.