A principios de junio renunció el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, después de un operativo mediático en el cual se lo atacaba por haber equiparado a su secretaria como magistrada cobrando $400 mil pesos, lo cual fue un verdadero escándalo, y de amenazar con exponer el mecanismo por el cual familiares y amigos fueron nombrados dentro del poder judicial sin haber rendido el concurso que exige la ley.

Rápidamente, el gobernador Rodolfo Suárez fue presionado para que nombrara una mujer, ya que la Corte no contaba con ninguna después de la jubilación de Aída Kemelmajer, y sonaron varios nombres asociados a juristas radicales. Sin embargo Suárez apostó por María Teresa Day, mujer cercana a los servicios de seguridad yanqui y mano derecha del procurador general, Alejandro Gulle, en el manejo del Ministerio Público Fiscal.

Esto genero una reacción en el peronismo que salió con una campaña contra el nombramiento argumentando que Day no tendría perspectiva de género, por su posición contra el aborto, o que no cumple con los requisitos constitucionales de 10 años de ejercicio profesional; pero nada dijeron sobre el viaje de Day a Honduras a dictar un curso a fiscales patrocinada por la Embajada de Estados Unidos, o su rol en el armado de causas y la persecución contra activistas y luchadores.

Además detrás del nombramiento de María Teresa Day se encuentra la intención de obtener el control de la Corte y coronar así un proceso iniciado por Cornejo de reformas antiobreras sobre el Estado.

Punitivismo y persecución

Considerando al Poder Judicial como un pilar para poder dar rienda suelta a la política de ajuste, el exgobernador Alfredo Cornejo encaró una serie de reformas en el ámbito penal que le dieron al ejecutivo un control sobre jueces y fiscales.

Primero, con el nombramiento de Gulle, Cornejo colocó a un hombre de su riñón en el Ministerio Público Fiscal y así poder dictar la política criminal de la provincia dando lugar a un uso arbitrario de las imputaciones, determinando a quiénes perseguir penalmente y a quiénes no.

Luego, con el nombramiento de José Valerio en la Corte, un juez radical y fuertemente punitivista, se encaró la reforma del código procesal penal que abrió la puerta al uso indiscriminado de las prisiones preventivas y también buscó terminar con el dominio kirchnerista y de la doctrina Zaffaroni en las Cámaras del Crimen al instalar un sistema de juzgados asociados en los que los jueces son determinados según quien esté de turno al iniciarse la causa.

Con la sanción de un nuevo Código Contravencional, se buscó dotar a la policía de una nueva herramienta legal que justifique su accionar discriminatorio y arbitrario contra la juventud y las barriadas más humildes, al tiempo que se reforzaron los juzgados de faltas para legitimar esta política.

De esta manera, el ejecutivo se aseguró el control de la justicia penal que rápidamente fue orientado en forma arbitraria a la persecución de activistas y opositores al gobierno. Con la fiscal Cobos a la cabeza, se abrieron e instaron varias causas contra sindicalistas como Raquel Blas o los legisladores del FIT, mientras causas como la del exintendente corrupto Luis Lobos están por prescribir.

Reforma de la justicia laboral

En el ámbito de la justicia laboral, se buscó dificultar que los trabajadores pudieran acceder a la justicia y favorecer los fallos laborales en beneficio de las ART.

Para esto, se impusieron las oficinas de conciliación laboral que impiden al trabajador acceder a la justicia sin haber tenido que sí o sí intentar conciliar con su patrón y que por lo general lo llevan a aceptar un mal acuerdo pero más rápido que transitar los tiempos de la justicia.

Por otro lado, la reforma al código procesal laboral tuvo como ejes la implementación de una nueva conciliación en el ámbito de la justicia antes de dar curso a la demanda y por otro, obtener un control sobre el dictamen de los peritos para así beneficiar a las ART a la hora de los juicios por enfermedades y accidentes en el ámbito laboral.

Que la crisis no la paguen los trabajadores

Cornejo tuvo como política central de su gobierno la recomposición de la tasa de ganancia capitalista y el traslado de la crisis a los trabajadores y sectores más humildes. Para esto es que buscó reformar el Estado y el poder judicial, con herramientas que le permitieran lograr este fin, principalmente bajando los “costos laborales” de los fallos por despidos y ART, reforzar el aparato represivo contra la organización y las manifestaciones de los trabajadores, y por último, lograr una Corte adicta que legitime la política de ajuste en el terreno judicial y que se lograría con el nombramiento de María Teresa Day.

Es importante destacar que todo esto fue hecho en el marco de la ley y la constitución e incluso en gran parte con apoyo del peronismo que votó a favor varias de estás reformas, apareciendo con mayor fuerza la función del estado como garante de la explotación de las clases dominantes sobre las clases explotadas.

Para que la crisis la paguen los capitalistas y no quienes viven de su trabajo, hay que avanzar en la elección directa de los jueces y fiscales con posibilidad de revocar sus mandatos, exigir el fin a la persecución de activistas y opositores, garantizar el libre ejercicio del derecho a la protesta, y reorganizar las bases sociales, no sobre los intereses de quienes viven del trabajo ajeno, sino de los trabajadores.