El gobierno de Alfredo Cornejo busca aprobar este jueves 20, en una sesión especial exprés y sin debate del Senado mendocino, una nueva reforma antiobrera al Código Procesal Laboral, como parte de su política de ataque a las condiciones de trabajo y el salario y en sintonía con la reforma laboral planteada por el macrismo.

La iniciativa, que amplía los obstáculos puestos a los trabajadores para llevar adelante un litigio contra la patronal, se encuadra en la furiosa campaña de Macri y Cornejo contra la denominada “industria del juicio”. Se busca disimular que el crecimiento de demandas responde al aumento exponencial de ataques a las condiciones de trabajo, salarios y puestos de los compañeros, y reducir las responsabilidades de las patronales en cuanto a indemnizaciones, cargas sociales y medidas de seguridad, entre otras.

Esta ofensiva tiene como antecedentes provinciales la adhesión a la ley nacional de ART y la creación de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO).

Nueva conciliación laboral para presionar a los trabajadores

El gobierno afirma que la digitalización de los expedientes y de las audiencias agilizará el trabajo de los abogados. Pero el trabajador se encontrará con la implementación de una nueva conciliación en el ámbito judicial. Sumada a las dos conciliaciones en la OCLO, sería la tercera audiencia obligatoria que deberá atravesar el trabajador para recién empezar verdaderamente el juicio contra su empleador, que podría durar bastante tiempo. Esto con un doble objetivo: presionar al trabajador a llegar a un acuerdo en los términos que la  patronal prefiera, y dilatar el proceso en caso de que se continúe, debido al tiempo que lleva fijar cada una de las audiencias.

El oficialismo presenta resalta la reducción significativa del nivel de judicialización en materia laboral, resultante de la aplicación de OCLO. Pero, como ha denunciado Víctor Da Vila, senador del Partido Obrero-Frente de Izquierda, “esto se debe a que el trabajador, frente a la expectativa de cobrar inmediatamente un mal arreglo antes que llevar adelante un juicio que puede demorar años, prefiere conciliar a continuar con el proceso”.

Control de los peritos a favor de las ART

El otro de los puntos está en la creación de un cuerpo de peritos oficial y la posibilidad de ejercer un control en los dictámenes por parte de un organismo especial creado en la órbita de la Suprema Corte. Esta modificación va en favor directo de las ART, que podrían lograr allí dictámenes periciales que perjudiquen a los trabajadores a la hora de cobrar las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

También se pretende una modificación del monto de los honorarios de los peritos, que ya no sería más acorde al monto del juicio sino a un valor fijo que resulta mucho menor de lo que es actualmente –lo que ha sido denunciado por distintas agrupaciones de peritos, que ven con preocupación la fuerte reducción de sus honorarios y el control que se pretende ejercer sobre sus dictámenes.

Programa de los trabajadores

Todas las reformas judiciales que ha impulsado Cornejo tiene un rasgo común: colocar al trabajador en una disputa individual frente a la patronal, por lo tanto en desventaja. La única posición de fuerza de los trabajadores en un conflicto con la patronal es justamente su acción colectiva y sus medidas de lucha.

Es por esto que rechazamos el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral y reclamamos la derogación de la OCLO. Le oponemos la creación de comisiones obreras de control de la higiene y seguridad en cada lugar de trabajo, atendiendo al resguardo de la salud y la integridad de los trabajadores frente a la desinversión patronal en materiales de seguridad y la ausencia de controles.